Un peculiar incidente dentro del penal de San Pedro, en La Paz, ha generado preocupación entre las autoridades y polémica pública. Un interno, que cumple condena por delitos graves, fue descubierto organizando visitas clandestinas para turistas extranjeros mediante anuncios que incluían códigos QR y un contacto de WhatsApp en inglés. La denuncia fue confirmada por el director del Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, quien aclaró que estas visitas no están permitidas en ninguna circunstancia.

El recluso en cuestión había colocado afiches dentro del penal promocionando las visitas guiadas, ofreciendo incluso la opción de reservas anticipadas. Según informó Limpias, el interno, que tiene formación profesional en turismo, ya había gestionado material para contactar agencias turísticas con el fin de atraer clientes. Este recluso, actualmente preso por posesión de sustancias controladas y con un historial de condena por asesinato, utilizaba sus conocimientos académicos.
«El privado de libertad ya había diseñado un sistema digital para facilitar la gestión de reservas», explicó Limpias. Hasta ahora, las autoridades investigan si alguna persona llegó a ser estafa mediante este mecanismo, aunque el objetivo aparente del recluso era obtener ganancias ilícitas. «La investigación está en curso bajo la sospecha de estafa, ya que el servicio ofrecido nunca fue autorizado ni existió en realidad», agregó el
El penal de San Pedro ha sido por años un punto de interés debido a su estructura interna y la vida en comunidad que desarrollan los reclusos, lo que atrae a curiosos y turistas. Sin embargo, estas visitas fueron suspendidas oficialmente hace varios años por la controversia generada en torno a la utilización del penal como
«Este centro es un espacio de rehabilitación, no un destino turístico», subrayó Limpias, insistiendo en que el uso de la cárcel como atractivo vulnera las políticas penitenciarias. Además, destacó que cualquier intento de organizar tours en el penal es ilegal y será sancionado conforme a la normativa vige.
Las repercusiones legales podrían ser significativas para el recluso, quien además de su condena actual podría enfrentar nuevos cargos por fraude. Por otro lado, las autoridades han alertado sobre la necesidad de reforzar la vigilancia




