Periódico Contraparte, 11/09/2024

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, ha denunciado que la reciente resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que restringe a dos las repostulaciones para cargos electivos, constituye un acto de prevaricato. Romero argumenta que los magistrados Gonzalo Hurtado y René Espada, al emitir esta decisión, han excedido sus atribuciones legales y han vulnerado derechos políticos fundamentales.

En una conferencia de prensa realizada este sábado, Romero, acompañado por la expresidenta del Senado Adriana Salvatierra y otros dirigentes afines al expresidente Evo Morales, cuestionó la legalidad de la resolución del TCP. Según Romero, los magistrados mencionados fueron más allá de lo solicitado en la demanda original, afectando directamente las aspiraciones políticas de Morales al impedirle una nueva postulación presidencial.

«Los derechos políticos de cualquier ciudadano, incluyendo el derecho a ser elegido, solo pueden ser restringidos mediante una ley formal y no a través de una resolución judicial que exceda el ámbito de la demanda presentada», afirmó Romero. Además, enfatizó que cualquier modificación a la Constitución Política del Estado en materia de repostulaciones debe realizarse a través de mecanismos establecidos, como una Asamblea Constituyente o referéndum, y no mediante fallos judiciales.

Por su parte, Adriana Salvatierra señaló que los mismos magistrados que ahora limitan las repostulaciones han emitido fallos favorables a figuras políticas como Manfred Reyes Villa y Branco Marinkovic, lo que, según ella, evidencia una actuación parcializada del TCP. «Es evidente que existe una intencionalidad política detrás de estas decisiones, que buscan inhabilitar a Evo Morales y favorecer a otros actores», declaró Salvatierra.

La acusación de prevaricato implica que los magistrados habrían dictado resoluciones contrarias a la ley, con conocimiento de su injusticia. De prosperar esta denuncia, los magistrados podrían enfrentar procesos penales y ser destituidos de sus cargos, lo que generaría una crisis institucional en el máximo órgano de control constitucional del país.

Analistas políticos advierten que este conflicto entre el TCP y sectores afines al expresidente Morales podría profundizar la polarización política en Bolivia y afectar la estabilidad institucional. Además, señalan que la judicialización de decisiones políticas puede debilitar la confianza en el sistema democrático y en la independencia de los poderes del Estado.