Periódico Contraparte, 11 de noviembre de 2024
En la madrugada del 10 de noviembre, un grupo de delincuentes emboscó a una patrulla de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en la comunidad de Lacaya, municipio de Guaqui, departamento de La Paz. El ataque resultó en la sustracción de un fusil y dejó a varios militares heridos, uno de ellos con una lesión en la cabeza que requirió siete puntos de sutura.
Según informó el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Velásquez, los agresores incendiaron el vehículo de la patrulla, lo que destruyó la destrucción de una escopeta lanzagranadas. Además, los atacantes se llevaron un fusil perteneciente a los efectivos militares. «Estos delincuentes están incumpliendo la Ley 400, que indica que el hurto y robo de armamento tiene una sanción de 30 años de prisión», afirmó Velásquez.
El incidente ocurrió mientras la patrulla, compuesta por seis militares, realizaba operaciones contra el contrabando en la región. Los efectivos fueron brutalmente agredidos por un grupo de antisociales que apoyan actividades ilícitas en el sector. Los heridos fueron trasladados para recibir atención médica, y uno de ellos fue ingresado al hospital Cossmil en la ciudad de La Paz debido a la gravedad de su lesión.
Este ataque pone de manifiesto los riesgos que enfrentan las fuerzas de seguridad en su lucha contra el contrabando y la delincuencia organizada en Bolivia. Las autoridades han reiterado su compromiso de perseguir y sancionar a los responsables de estos actos, enfatizando la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad en las zonas fronterizas y áreas vulnerables.
La sustracción de armamento militar por parte de grupos delictivos representa una amenaza significativa para la seguridad nacional. Las autoridades han emitido advertencias sobre las graves consecuencias legales para quienes participan en estos actos, recordando que la Ley 400 establece penas severas para el robo de armas. Además, se ha alertado a la población sobre el peligro que implica la circulación de armas en manos de delincuentes, instalando a la colaboración ciudadana para denunciar actividades sospechosas.
Este incidente resalta la importancia de reforzar las estrategias de seguridad y cooperación entre las fuerzas del orden y la comunidad para combatir eficazmente el contrabando y la delincuencia organizada. La recuperación del armamento sustraído y la captura de los responsables son prioridades para las autoridades, quienes buscan garantizar la seguridad y el bienestar de la población.
