La Justicia boliviana ha convocado nuevamente al expresidente Evo Morales a comparecer ante los tribunales por una causa de trata de personas. El tribunal de Tarija ha fijado la audiencia para el próximo 14 de enero de 2025 a las 9:30 a. m., según un edicto firmado por el juez Nelson Rozabado.

La investigación señala que Morales, durante su mandato en 2014, presuntamente abusó de su posición de poder para establecer una relación con una menor de 14 años, integrante del grupo juvenil «Generación Evo». Según la imputación, el exmandatario habría aprovechado la vulnerabilidad de la adolescente y la complacencia de sus padres para satisfacer sus intereses personales, facilitando su participación en eventos y viajes oficiales.

El Ministerio Público ha imputado formalmente a Morales y a la madre de la presunta víctima por los delitos de trata y tráfico de personas agravado. Ante la negativa del expresidente de presentarse a declarar, el pasado octubre la Fiscalía emitió una orden de aprehensión y activó una alerta migratoria para evitar su fuga del país.

El caso ha desatado un intenso debate político. Sectores afines al Movimiento al Socialismo (MAS) consideran que estas acciones forman parte de una estrategia para inhabilitar políticamente a Morales de cara a las elecciones presidenciales de 2025. Como respuesta, se han organizado bloqueos de carreteras y movilizaciones que han generado pérdidas económicas y enfrentamientos violentos en el país.

Mientras tanto, Morales permanece en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, bajo estricta vigilancia de sus seguidores, quienes han declarado estar listos para defenderlo ante cualquier acción judicial. Por su parte, el equipo legal del exmandatario sostiene que la orden de aprehensión ha sido anulada tras una acción de libertad en Santa Cruz, y continúan afirmando su inocencia.

Este caso ha puesto nuevamente en el foco la polarización política en Bolivia, con implicaciones profundas para el panorama electoral de los próximos años.