La Paz, 2 de enero de 2025. Primo Martínez, magistrado electo para el Tribunal Supremo de Justicia, anunció que se realizará un análisis exhaustivo sobre la «resolución» emitida recientemente por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Según Martínez, dicho documento no califica como una «sentencia» constitucional, reafirmando su postura de que no es viable trabajar con autoridades que han extendido su mandato de forma irregular.
«No consideramos válido este tipo de resoluciones, y reiteramos nuestra posición de que es fundamental respetar los límites del mandato. Trabajar con autoridades autoprorrogadas va en contra de la institucionalidad que necesitamos fortalecer», afirmó Martínez.
Por su parte, Boris Arias, magistrado del TCP, sostuvo que el principal objetivo es la institucionalización del tribunal. «Las decisiones sobre esta situación serán tomadas en la próxima sesión de sala plena», afirmó Arias, adelantando que se abordarán temas clave para garantizar la continuidad y legalidad del trabajo del TCP.
El debate sobre la legitimidad de los mandatos prorrogados plantea un desafío para el sistema judicial boliviano, mientras las autoridades recién electas buscan delinear un rumbo que priorice la transparencia y el respeto a la Constitución.
