Periódico Contraparte, 2025-01-28
Tras la inasistencia masiva de representantes de los sectores empresariales y gremiales a la primera convocatoria, el gobierno ha decidido volver a llamar al diálogo para discutir la controvertida disposición confiscatoria que busca implementar como parte de su política fiscal. La medida, que ha sido calificada como “poco clara” y “unilateral” por los afectados, ha generado un clima de tensión entre el sector público y privado, poniendo en riesgo la estabilidad económica del país.
La disposición, que permitiría al Estado incautar bienes y recursos en casos de evasión fiscal o actividades ilícitas, ha sido defendida por el gobierno como una herramienta necesaria para combatir la corrupción y fortalecer las arcas públicas. Sin embargo, los empresarios y gremios argumentan que la falta de transparencia en su redacción y aplicación podría abrir la puerta a abusos y afectar gravemente a sectores productivos ya golpeados por la crisis económica. “No estamos en contra de luchar contra la evasión, pero esta medida debe ser discutida y consensuada con todos los actores involucrados”, declaró Juan Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Industrias.
La primera convocatoria, realizada la semana pasada, fue boicoteada por la mayoría de los representantes del sector privado, quienes consideraron que el gobierno no estaba dispuesto a escuchar sus preocupaciones. “No vamos a sentarnos a dialogar si no hay garantías de que nuestras voces serán tomadas en cuenta”, afirmó María Gómez, líder de un gremio de pequeños empresarios. Esta postura ha llevado al gobierno a replantear su estrategia y a emitir una nueva convocatoria, esta vez con la promesa de un diálogo “abierto y constructivo”.
Analistas económicos advierten que la falta de consenso sobre esta medida podría tener graves consecuencias para la economía nacional. “Si el gobierno insiste en implementar la disposición sin el respaldo de los sectores productivos, podríamos enfrentar una fuga de capitales y una desaceleración en la inversión privada”, señaló el economista Luis Martínez. Además, destacaron que la incertidumbre generada por la medida ya está afectando la confianza de los inversionistas, tanto locales como extranjeros.
Mientras tanto, el gobierno insiste en que la disposición confiscatoria es necesaria para garantizar la justicia fiscal y combatir la corrupción. “Estamos dispuestos a escuchar todas las propuestas, pero no podemos permitir que unos pocos sigan evadiendo sus responsabilidades”, afirmó el ministro de Economía, Carlos Álvarez, durante una conferencia de prensa.
