Periódico Contraparte, 06 de febrero de 2025.
El sector ganadero boliviano está en pie de guerra. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) ha exigido al Gobierno la suspensión inmediata del veto a la exportación de carne de res, una medida que, según los productores, está causando un grave perjuicio económico y afectando la competitividad del sector. En un comunicado contundente, la CAO calificó las acciones del Ejecutivo como «irresponsables» y advirtió que, de no revertirse la decisión, las consecuencias podrían ser devastadoras para miles de familias que dependen de esta actividad.
«El veto a la exportación de carne de res no solo es una medida desacertada, sino que también demuestra una falta de comprensión sobre la realidad del sector agropecuario. Estamos hablando de un golpe directo a la economía de miles de productores que ya enfrentan múltiples desafíos», declaró Oscar Mario Justiniano, presidente de la CAO. La organización argumenta que la prohibición no solo afecta a los grandes productores, sino también a los pequeños y medianos ganaderos, quienes dependen de los mercados internacionales para mantener sus negocios a flote.
Las críticas de la CAO se suman a un creciente malestar en el sector, que ya había expresado su preocupación por otras medidas aplicadas por el Gobierno, como el control de precios y las restricciones a la libre comercialización. «Estas políticas están ahogando al sector ganadero. Si no se toman medidas urgentes, corremos el riesgo de perder mercados que nos costó años conquistar», agregó Justiniano.
Por su parte, el Gobierno ha defendido su decisión argumentando que el veto busca garantizar el abastecimiento de carne en el mercado interno y evitar un aumento desmedido de los precios. Sin embargo, los productores aseguran que esta justificación carece de fundamento, ya que Bolivia cuenta con una producción suficiente para cubrir la demanda local y, al mismo tiempo, exportar excedentes.
«Lo que necesitamos son políticas que fomenten la producción y no que la limiten. El veto a las exportaciones es un retroceso que nos aleja de la competitividad internacional», señaló un productor de Santa Cruz, quien prefirió mantener su nombre en reserva.
Mientras tanto, la CAO ha anunciado que continuará presionando al Gobierno para que revise su decisión y promueva un diálogo constructivo con los actores del sector. «No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Si es necesario, tomaremos medidas más contundentes para defender los intereses de los productores», advirtió Justiniano.
