Periódico Contraparte, 7 de mayo de 2025
Con las puertas cerradas y el acceso restringido incluso para la prensa acreditada, el Senado aprobó este martes una sesión reservada para tratar uno de los temas más sensibles del momento: los ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. La decisión, que encendió las alertas entre legisladores de oposición y analistas políticos, se tomó sin mayores explicaciones, bajo el argumento de preservar “la seguridad y el orden institucional”. Sin embargo, las preguntas no tardaron en surgir: ¿qué se esconde detrás de esta lista?, ¿a quién se asciende y por qué?
La sesión, aprobada por mayoría simple, generó controversia inmediata. El senador Santiago Ticona, del MAS, justificó la medida asegurando que los ascensos requieren de un tratamiento técnico y estratégico, y que su difusión podría “poner en riesgo estructuras operativas del Estado”. Pero voces críticas dentro y fuera del hemiciclo cuestionan esa narrativa. “Es inaceptable que en democracia se mantenga en secreto una decisión que define el liderazgo de las instituciones armadas”, declaró un legislador de oposición, que pidió no ser identificado.
El listado de ascensos, según trascendidos, incluye nombres polémicos vinculados a episodios recientes de crisis política, lo que alimenta las sospechas de que se estaría usando el proceso para premiar lealtades antes que méritos. Aunque no hay confirmación oficial, el sigilo con el que se maneja el tema solo incrementa el nivel de incertidumbre en un contexto ya marcado por la desconfianza institucional.
No es la primera vez que el Senado recurre a sesiones reservadas para tratar estos temas, pero esta vez el secretismo parece más férreo que nunca. Incluso se prohibió el uso de celulares y dispositivos electrónicos dentro del recinto mientras se discutía el punto, lo que reforzó el hermetismo.
En la calle, la noticia fue recibida con escepticismo por parte de ciudadanos y colectivos que vienen exigiendo transparencia en todas las instancias del Estado. “Quieren que confiemos en la Policía y en las Fuerzas Armadas, pero no nos dejan ni saber a quién están ascendiendo. ¿A qué le temen?”, se preguntaba una activista en redes sociales.
El destino de los altos mandos de la Policía y las FFAA ya está echado, pero el secretismo con el que se maneja el proceso solo deja una certeza: la sombra de la desconfianza sigue pesando sobre las instituciones que, paradójicamente, deberían garantizar la seguridad y la transparencia en el país.
