Periódico Contraparte, 13 de mayo de 2025.

La cuenta regresiva para Evo Morales parece haberse activado. El ministro de Justicia, César Siles, rompió el silencio este lunes y exigió públicamente que se acelere el proceso penal contra el exmandatario por el presunto delito de trata de personas, vinculado a una relación con una menor de edad en 2015. Siles puso el dedo en la llaga al señalar directamente al Ministerio Público y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por las demoras que impiden que Morales enfrente un juicio oral.
“La investigación ya se ha extendido lo suficiente. Es hora de que se presente la acusación y se lleve este caso a juicio público, oral y contradictorio, como corresponde en un Estado de derecho”, declaró Siles con contundencia. La denuncia, impulsada por el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), data de hace varios años, pero sigue empantanada en recursos judiciales y maniobras legales que, según algunos críticos, buscan dilatar el proceso hasta que se vuelva políticamente inviable.
Entre esas maniobras, el ministro mencionó las acciones de libertad presentadas por la defensa de Morales, actualmente acumuladas en el TCP. “Esperamos que estas acciones se sorteen y se resuelvan de forma prioritaria”, añadió, sin ocultar la molestia institucional ante lo que considera una parálisis sospechosa en los máximos órganos de justicia.
El contexto no podría ser más tenso. Morales, quien liderará este viernes una marcha desde el trópico hasta la sede de gobierno, ya admitió que no podrá inscribir su binomio presidencial ese día “por problemas internos y falta de consenso”. Pero sus adversarios ven en la marcha un intento de desviar la atención del proceso judicial que podría marcar un antes y un después en su carrera política.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con escepticismo. ¿Se hará justicia sin favoritismos ni cálculos electorales? ¿O será otro caso emblemático que naufraga en el mar de la impunidad? Lo cierto es que el proceso avanza con pasos lentos, pero la presión política y mediática amenaza con cambiar el ritmo.




