Periódico ContraParte | 5 de junio de 2025

A solo dos meses de las elecciones generales del 17 de agosto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha inhabilitado al 63% de los candidatos inscritos, desatando una ola de cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y la solidez de la democracia boliviana.

Según información oficial, más de la mitad de las postulaciones fueron rechazadas por incumplimientos normativos, observaciones técnicas o procesos administrativos aún no subsanados. Entre los afectados se encuentran aspirantes de distintos niveles, tanto nacionales como departamentales, incluyendo figuras que pretendían disputar escaños legislativos o la presidencia.

El TSE explicó que las inhabilitaciones responden a criterios jurídicos establecidos en la Ley del Régimen Electoral. Sin embargo, organizaciones ciudadanas, plataformas de observación y candidatos excluidos acusan al Órgano Electoral de aplicar filtros excesivos, politizados o con plazos arbitrarios que favorecen a ciertas candidaturas.

«Estamos ante una depuración sin precedentes que deja fuera del proceso a una gran parte de los actores políticos. Esto no fortalece la democracia, la debilita», señaló una representante de la Coordinadora Nacional por la Democracia, durante una conferencia en La Paz.

Entre los candidatos inhabilitados figuran varios que denunciaron haber sido excluidos sin derecho a una defensa adecuada o sin haber recibido notificación formal previa.

El clima político se torna cada vez más tenso mientras crecen los rumores de movilizaciones y demandas ante instancias internacionales. En respuesta, el TSE anunció que abrirá una ventanilla de revisión excepcional de casos, aunque con un margen de tiempo limitado.

El dato del 63% inhabilitado no solo plantea un desafío técnico para el desarrollo de las elecciones, sino que también alimenta una creciente percepción de que el proceso electoral boliviano atraviesa una crisis de legitimidad.