Por decimoquinta ocasión, las autoridades judiciales negaron el traslado del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, desde el penal de Chonchocoro (La Paz) hasta Santa Cruz, donde debía comparecer presencialmente en una audiencia dentro de uno de los procesos penales que enfrenta.

La defensa legal del gobernador lamentó la decisión y denunció que el derecho a la defensa de su cliente está siendo vulnerado, ya que el pedido de comparecencia presencial responde —según argumentan— a la complejidad de la audiencia convocada y a la necesidad de una participación directa. Pese a ello, el juzgado rechazó nuevamente la solicitud, ordenando que Camacho participe mediante videoconferencia.

El argumento para la negativa, reiterado por las autoridades judiciales y penitenciarias, es la falta de condiciones de seguridad y logística para su traslado hasta Santa Cruz. Camacho permanece recluido en el penal de máxima seguridad desde fines de 2022, acusado en el caso denominado «golpe de Estado I».

Desde Santa Cruz, sectores cívicos y políticos críticos al Gobierno han expresado su rechazo a lo que califican como una «detención política prolongada» y exigieron garantías para un proceso judicial transparente.