La tensión entre la defensa de la biodiversidad y el poder institucional llegó esta mañana a las puertas de la Fiscalía Superior en Delitos Ambientales de Sucre. Un grupo de activistas presentó una denuncia formal contra el coronel Hans Alberto Guerrero Valverde, comandante de la Escuela de Cóndores del Ejército boliviano, y otros efectivos militares, por la tenencia y manejo ilegal de una boa constrictor, hallada en su poder durante la celebración del desfile militar del pasado 7 de agosto.

La especie, protegida por la legislación boliviana, fue exhibida en plena vía pública sin los permisos correspondientes, lo que para los denunciantes constituye no solo una infracción legal, sino una muestra de desprecio por la fauna silvestre. “No puede ser que quienes deben proteger el territorio y su riqueza natural sean los mismos que la vulneran. La ley no distingue entre uniformados y civiles”, sostuvo en contacto con ContraParte la activista ambiental Carla Fernández, una de las firmantes de la denuncia.

Ley y responsabilidades

La Ley 1333 de Medio Ambiente y el Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre prohíben la captura, tenencia o exhibición de animales silvestres sin autorización expresa. El incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde multas económicas hasta penas privativas de libertad.

Los activistas piden que el caso sea investigado sin privilegios y que, de comprobarse responsabilidad, se siente un precedente que desaliente futuros abusos. “Las boas no son accesorios para actos protocolares ni trofeos de guerra; son parte de un ecosistema que debemos proteger”, agregó Fernández.

El silencio del Ejército

Hasta el cierre de esta edición, el Comando General del Ejército no emitió un pronunciamiento oficial sobre el caso. Sin embargo, fuentes internas consultadas por ContraParte aseguran que la dirección militar está “evaluando” una respuesta pública.

Un patrón que preocupa.

Organizaciones ambientalistas señalan que este no es un hecho aislado. En los últimos años, se han registrado casos similares de uso indebido de fauna silvestre en eventos oficiales y ferias locales, lo que evidencia —según ellas— una débil aplicación de las normativas ambientales y un preocupante desconocimiento de su importancia.

Para los activistas, el desafío ahora es doble: garantizar que la denuncia no quede archivada y lograr que el Ejército revise sus protocolos internos sobre manejo de animales silvestres.

“La ley es para todos, incluso para quienes portan uniforme”, concluyó Fernández, mientras los activistas se retiraban de la Fiscalía con la esperanza de que esta vez, la justicia actúe sin mirar jerarquías.