La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Superior en Razón de Género, informó que Bolivia participó en la Operación Internacional “Aliados por la Infancia V”, logrando el rescate de seis niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso y explotación sexual infantil en entornos digitales, mediante cuatro operativos simultáneos ejecutados en los departamentos de La Paz y Santa Cruz.
La Fiscal Superior en Razón de Género, Alejandra Rocha Villarroel, explicó que la operación se desarrolló en coordinación con 15 Ministerios Públicos de América Latina y el Caribe, bajo estrictos protocolos de confidencialidad para garantizar la protección de la identidad de las víctimas y la preservación de la evidencia digital.
“Esta operación se llevó a cabo de manera simultánea en 15 países el 26 de agosto de la presente gestión. En Bolivia, se logró rescatar a seis niñas y niños entre 4 y 8 años, quienes fueron derivados a servicios de protección especializada. Asimismo, se aprehendió a cuatro personas vinculadas a estos delitos, de las cuales tres guardan detención preventiva y una ya cuenta con sentencia de 25 años de cárcel”, sostuvo Rocha.
Entre los resultados más relevantes, se destacan:
Identificación y rescate de seis víctimas menores de edad.
Ejecución de cuatro operativos (uno en La Paz y tres en Santa Cruz).
Aprehensión de cuatro personas vinculadas a los delitos de Violación y Pornografía con Agravante.
Secuestro de seis dispositivos electrónicos y recuperación de más de 300 archivos digitales de material de abuso sexual infantil.
La operación fue liderada en Bolivia por la Unidad Especializada en la Gestión y Tratamiento de Material de Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes (MASNNA), en estrecha coordinación con la Policía Boliviana, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y la reserva de actuaciones.
Finalmente, la Fiscalía General del Estado remarcó la urgencia de aprobar el Proyecto de Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, actualmente en consideración de la Cámara de Diputados, a fin de fortalecer los mecanismos de respuesta frente a los delitos de explotación sexual infantil en plataformas digitales y optimizar la cooperación internacional.
