PERIÓDICO CONTRAPARTE / Santa Cruz, 8 de junio de 2026

Las investigaciones judiciales en torno a las deficiencias en el suministro de carburantes alcanzaron los niveles jerárquicos de la corporación petrolera estatal. El gerente de Logística de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Eddy Rolando Torrico Ibañez, fue aprehendido este lunes por efectivos de la Policía Boliviana en el marco de la investigación penal activada por la presunta distribución y comercialización de combustible desestabilizado, calificado popularmente como “gasolina basura”.

El operativo de captura se ejecutó en el interior de las oficinas administrativas de la estatal petrolera en la capital cruceña. Tras notificársele el mandamiento respectivo, el ahora exfuncionario fue trasladado bajo custodia a dependencias policiales para la toma de sus declaraciones informativas y la continuidad de los procedimientos establecidos por ley. La causa penal se originó tras la acumulación de denuncias públicas y peritajes mecánicos que evidenciaron que el lote de carburante distribuido provocó averías severas en los sistemas de inyección y motores de miles de vehículos particulares y de transporte público en el país.

El Ministerio Público y las comisiones técnicas indagan si existió negligencia o dolo en los procesos de control de calidad, almacenamiento en las plantas de acopio, transporte y los protocolos de distribución hacia las estaciones de servicio. La hipótesis de la acusación busca determinar el grado de corresponsabilidad de los cuadros técnicos encargados de visar los componentes químicos del producto antes de su salida al mercado regulado.

Según los antecedentes acumulados en el cuaderno de investigaciones, el caso posee un alcance institucional complejo, involucrando en las pesquisas a más de 20 exautoridades, directivos y personal operativo de diferentes áreas estratégicas vinculadas al sector hidrocarburífero nacional. Los delitos que sustentan la imputación promovida contra Torrico Ibañez y los demás investigados contemplan la presunta comisión de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y otras irregularidades administrativas que habrían afectado tanto el patrimonio de la empresa pública como la economía de los usuarios civiles.