PERIÓDICO CONTRAPARTE / La Paz, 8 de junio de 2026
Los procedimientos judiciales contra las cúpulas sindicales movilizadas ingresaron a una etapa de definiciones técnicas en el Ministerio Público. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó este lunes que se ha solicitado de manera oficial a la Policía Boliviana la certificación pormenorizada de los antecedentes penales y policiales de los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) que fueron aprehendidos en las últimas horas, insumo que será clave para fundamentar la imputación formal que se presentará ante los jueces de control de garantías.
La máxima autoridad de la Fiscalía enfatizó que la actuación de las comisiones de investigadores se ceñirá al principio de objetividad y resguardo de los derechos constitucionales. “Vamos a ser objetivos en relación a esas personas. Se pudo conocer algunos antecedentes, en la cual vamos a velar por el debido proceso. Se pidió a la Policía Boliviana que puedan certificar los antecedentes que puedan tener cada uno de ellos y eso va a ser expuesto a los fiscales que llevan el proceso”, declaró Mariaca ante los medios de comunicación.
En la víspera, el comité ejecutivo de la COB emitió un duro pronunciamiento denunciando que cinco de sus principales representantes sectoriales fueron aprehendidos bajo la figura de presuntos “secuestros” institucionales durante la tarde del domingo en la urbe de El Alto. El ente matriz de los trabajadores bolivianos confirmó que sus delegados permanecen recluidos en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la sede de gobierno, exigiendo una liberación inmediata y advirtiendo sobre una posible radicalización de los cercos logísticos.
Al respecto, el fiscal general precisó el balance cuantitativo de las intervenciones fiscales, aclarando que en total son ocho los ciudadanos bajo condición de aprehendidos en el departamento de La Paz, grupo que incluye a los cinco cuadros dirigentes observados por el gremio obrero. Mariaca puntualizó que el equipo jurídico del Ministerio Público se encuentra evaluando de forma individualizada el grado de participación y responsabilidad material de cada sindicado en los bloqueos viales, anticipando que en las próximas horas se definirá la estrategia de la acusación. «Va a ser el Ministerio Público el que determine si imputa a las personas aprehendidas pidiendo la detención preventiva o pidiendo medidas sustitutivas, conforme se tenga la participación”, concluyó de manera técnica la autoridad.
