PERIÓDICO CONTRAPARTE / La Paz, 9 de junio de 2026
La resistencia civil de los sectores urbanos frente al estrangulamiento logístico ingresó a una fase de movilización orgánica. El Comité Multisectorial por la Defensa de La Paz convocó formalmente a la ciudadanía a un cabildo abierto que se desarrollará la tarde de este martes en la histórica Plaza Mayor de San Francisco, con la finalidad de asumir determinaciones fácticas contra los bloqueos de carreteras y la consecuente crisis de desabastecimiento alimentario.
El encuentro de plataformas sociales, gremiales y vecinales está programado para las 17:00. Según explicaron los organizadores, la medida surge como respuesta de contención ante la agudización del conflicto político y la persistente elevación de los precios de la canasta familiar. “Hemos solicitado el diálogo, nunca han venido con propuestas alternativas, lo único que quieren es derrocar al Gobierno de Rodrigo Paz”, aseveró de forma taxativa el portavoz del bloque multisectorial, Leonel Cóndor Huayra, al cuestionar las motivaciones de las facciones evistas y de la Central Obrera Boliviana (COB).
La asamblea popular civil se instala precisamente este martes cuando el territorio nacional cumple 40 días consecutivos de parálisis en sus redes viales fundamentales. Los miembros del comité cuestionaron la gradualidad implementada por el Órgano Ejecutivo respecto a las herramientas constitucionales aprobadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, exigiendo al presidente Rodrigo Paz que estampe su firma en el decreto supremo de aplicación de los Estados de Excepción para autorizar el despliegue de las Fuerzas Armadas y liberar las 85 rutas que permanecen cortadas.
Ante la falta de una solución por la vía de la concertación gubernamental, la dirigencia del bloque paceño endureció su discurso y advirtió con activar brigadas civiles para desbloquear los accesos metropolitanos de forma autónoma. “No tenemos miedo si tenemos que ir a la confrontación”, sentenció Cóndor Huayra, elevando las alarmas de los organismos de derechos humanos ante la inminencia de choques civiles directos en las periferias de La Paz y El Alto. Por su parte, desde el Palacio Quemado se reiteró que los canales de negociación técnica permanecen abiertos con los sectores movilizados, mientras los tribunales de garantías procesan recursos constitucionales orientados a forzar la intervención militar en el trópico y el altiplano.
