PERIÓDICO CONTRAPARTE / Cochabamba, 9 de junio de 2026
La retórica de confrontación política en el trópico cochabambino alcanzó su punto más álgido. El expresidente y líder de las federaciones cocaleras, Juan Evo Morales, desafió de manera abierta al presidente de la República, Rodrigo Paz, y a su gabinete de ministros ante la posibilidad de una orden de aprehensión o una intervención militar en su contra, ratificando de forma taxativa que permanecerá en su bastión territorial para hacer frente a los despliegues de seguridad.
La declaración del dirigente masista se registró este martes, coincidiendo con las tensiones generadas tras la reciente promulgación de la Ley de Regulación de los Estados de Excepción. Morales, a quien la administración de Paz señala formalmente como el principal promotor de los 40 días de bloqueos que asfixian el aparato productivo nacional, acusó al primer mandatario de seguir directrices geopolíticas internacionales provenientes de los Estados Unidos para criminalizar las protestas campesinas. ”Presidente, ministros, no me voy a escapar. Agárrenme aquí o mátenme aquí, se los digo de frente, no voy a escapar”, sentenció de manera pública.
En su alocución ante los medios de la región, el jefe de las Seis Federaciones del Trópico detalló que se mantendrá replegado entre sus zonas habituales de residencia y la localidad de Lauca Ñ, minimizando las advertencias gubernamentales sobre el uso de la fuerza institucional para liberar las rutas. Morales denunció además el presunto desvío de recursos logísticos de seguridad ciudadana para tareas de persecución política. “Están manejando al F10, a los Rangers, que vengan acá. Si tienen que atacar por tierra o por aire, ataquen”, manifestó, en referencia a las unidades de élite táctica de las Fuerzas Armadas.
Asimismo, la exautoridad introdujo denuncias sobre un presunto espionaje estatal en el Chapare, asegurando que contingentes combinados de la Policía Boliviana y del aparato castrense instalaron perímetros técnicos e infraestructura de telecomunicaciones destinada exclusivamente a interceptar sus llamadas telefónicas y rastrear sus desplazamientos geográficos en tiempo real. Este cruce de acusaciones se suscita en una jornada donde la opinión pública y los sectores cívicos incrementan la presión legal sobre el Palacio Quemado para que emita el decreto de militarización de las carreteras fundamentales del país.
