La comisión especial de la Asamblea Legislativa Plurinacional que investigó las denuncias sobre la comercialización de gasolina de mala calidad cerró sus actividades operativas.
La presidenta de esta instancia, la diputada Ximena Arispe (PDC), confirmó el hallazgo de indicios de responsabilidad en más de 50 personas, principalmente funcionarios públicos.
El documento final será remitido al pleno del Legislativo con la recomendación formal de transferir todos los antecedentes acumulados directamente hacia la Fiscalía General para abrir un proceso penal.
Detalles de los implicados y el documento final
La investigación parlamentaria determinó que la lista de supuestos involucrados incluye tanto a las Máximas Autoridades Ejecutivas (MAEs) como al personal operativo encargado de la cadena de hidrocarburos.
El expediente final de la comisión está compuesto por más de 1.500 páginas que reúnen testimonios, informes técnicos y pruebas documentales obtenidas a partir de tres denuncias originales.
“Tenemos mucha documentación fundamental en la que se tiene que investigar, no solamente a las MAEs de estas instituciones, sino también toda la cadena del tema hidrocarburos”, puntualizó la diputada Ximena Arispe.
Antecedentes de la crisis del combustible
El caso cobró relevancia pública tras reiteradas protestas de usuarios que denunciaron averías y daños mecánicos severos en el parque automotor debido al carburante comercializado.
La situación derivó en cuestionamientos directos a las políticas de importación y distribución de carburantes en el país, lo que motivó la creación de esta delegación parlamentaria especial.
Por su parte, el vicepresidente de la comisión, Pablo Ernesto Ávila (Unidad), aclaró que las observaciones abarcan fallas administrativas tanto de la gestión pasada como del actual Gobierno.
Reacciones y medidas legales sugeridas
La comisión especial recomendó de manera expresa derivar las copias del informe a la Procuraduría General del Estado para precautelar los intereses económicos públicos dañados.
Los legisladores aclararon que evitarán emitir tipificaciones jurídicas o valoraciones de culpabilidad anticipadas, delegando esa atribución exclusiva a los tribunales de la justicia ordinaria.
Una vez que el pleno de la Asamblea vote la aprobación del texto base, los datos y las identidades de los involucrados serán liberados para el conocimiento de la ciudadanía.
CIERRE: La entrega del informe activa la fase institucional para determinar las sanciones a los responsables del manejo de carburantes. El pleno del Legislativo fijará la fecha de la sesión extraordinaria para evaluar las 1.500 páginas del expediente.
