Contraparte, 18 de septiembre de 2026.-
Los diálogos promovidos por la Defensoría del Pueblo después de los 53 días de bloqueos registrados entre mayo y junio reflejaron una percepción predominantemente crítica hacia la gestión del Gobierno y, al mismo tiempo, un amplio cuestionamiento a los efectos sociales y económicos provocados por las medidas de presión.
Las conclusiones forman parte del informe denominado “Cartografiando voces y miradas desde el diálogo-Repensar una Bolivia post-conflicto”, que sistematizó opiniones recogidas entre el 18 de julio y el 1 de septiembre en diferentes departamentos y regiones del país.
En los encuentros participaron 933 personas pertenecientes a 167 sectores sociales, según los datos difundidos por la Defensoría.
Entre los principales cuestionamientos expresados por los participantes hacia el Gobierno aparecen la falta de capacidad para resolver conflictos, el presunto incumplimiento de compromisos, la falta de transparencia y la ausencia de respuestas a determinadas necesidades sociales.
También se recogieron percepciones de exclusión de sectores indígenas y populares de espacios de representación y toma de decisiones. Algunos dirigentes consideraron que existe una mayor inclinación gubernamental hacia sectores empresariales y regiones del oriente del país.
Mayoría cuestionó efectos de los bloqueos
El informe también analiza la percepción ciudadana sobre los 53 días de bloqueos. Aunque algunos participantes defendieron esta medida como una herramienta de presión frente a demandas que consideraban desatendidas, la valoración general fue predominantemente negativa.
Según los testimonios sistematizados, diferentes sectores consideraron que las consecuencias económicas y sociales terminaron afectando a la población y plantearon la necesidad de recurrir a otras formas de movilización y privilegiar el diálogo.
El documento recoge además diferentes circunstancias en las que las personas participaron de las medidas. Algunos señalaron haber asistido por convicción, mientras otros aseguraron que fueron presionados, amenazados o incluso pagados para participar.
Entre los testimonios recopilados aparecen versiones de participantes de El Alto que denunciaron cobros de multas de Bs 100 para quienes no asistieran a los bloqueos. Otro entrevistado aseguró haber recibido un pago para participar. Estas afirmaciones corresponden a testimonios recogidos por la Defensoría y no constituyen, por sí mismas, determinaciones judiciales sobre esos hechos.
Defensoría plantea 14 orientaciones
Como resultado del proceso de diálogo, la Defensoría del Pueblo estableció 14 orientaciones destinadas a mejorar la prevención y gestión de conflictos sociales.
Entre ellas se encuentran trasladar los espacios de diálogo a los territorios, activar mecanismos preventivos antes de que comiencen las movilizaciones, proporcionar información clara, ampliar los espacios de concertación y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
El documento plantea estas recomendaciones como elementos para evitar que futuros conflictos alcancen niveles similares y promover mecanismos institucionales de diálogo antes de recurrir a medidas de presión prolongadas.
