Contraparte, 18 de septiembre de 2026.-
La Cámara de Senadores sancionó este viernes el proyecto de ley que autoriza un crédito de aproximadamente $us 1.900 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), mediante el Servicio Ampliado del Fondo (SAF), después de su aprobación previa en Diputados. La norma pasa ahora al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
El proyecto fue considerado por el pleno de la Cámara Alta durante la jornada de este viernes, completando así su tratamiento en la Asamblea Legislativa.
El financiamiento forma parte del programa económico acordado entre Bolivia y el organismo internacional y contempla desembolsos durante los próximos 36 meses, sujetos al cumplimiento de los compromisos establecidos dentro del programa.
Gobierno apunta a fortalecer las reservas
El ministro de Economía, Christian Morales, explicó que los recursos forman parte de una estrategia gubernamental orientada a ordenar las finanzas públicas, fortalecer las reservas internacionales y recuperar el acceso del país al financiamiento externo.
Entre los objetivos mencionados por la autoridad también se encuentra avanzar hacia un régimen cambiario flexible, como parte de las reformas contempladas dentro del nuevo programa económico.
La aprobación del crédito generó debate durante su tratamiento legislativo debido a las condiciones y compromisos que Bolivia deberá asumir en el marco del acuerdo con el FMI.
Primer desembolso sería de $us 250 millones
Tras la sanción del proyecto, el senador Abdón Porcel informó que el Gobierno prevé que el primer desembolso pueda concretarse el 5 de octubre, por aproximadamente $us 250 millones.
El legislador señaló que el monto total de $us 1.900 millones será desembolsado progresivamente durante tres años.
La norma establece además que el Ejecutivo deberá presentar informes semestrales sobre los desembolsos recibidos y el cumplimiento de los objetivos establecidos.
El Senado también aprobó una resolución para conformar una comisión destinada a realizar seguimiento al préstamo como mecanismo de fiscalización legislativa.
Con la sanción en la Cámara Alta, el proyecto concluye su recorrido por la Asamblea Legislativa y queda pendiente de promulgación por parte del Ejecutivo antes de avanzar hacia el primer desembolso previsto.
