El presidente Rodrigo Paz denunció este miércoles que recibe amenazas de muerte de manera frecuente y aseguró que no teme por su vida. La declaración fue realizada durante el lanzamiento del Censo Agropecuario 2026, en Trinidad.
El mandatario sostuvo que las amenazas también alcanzaron a miembros de la Asamblea Legislativa y del gabinete ministerial, especialmente después de las recientes decisiones relacionadas con la modificación de la normativa de la Fiscalía y la designación de José Armando Urioste como fiscal general del Estado interino.
Paz relató que durante la jornada legislativa de la pasada semana varios parlamentarios recibieron mensajes intimidatorios a través de WhatsApp, en los que incluso se hacía referencia a sus familiares.
“Muchos parlamentarios recibieron amenazas de muerte para con sus familias en su WhatsApp. Lo mío es cotidiano”, afirmó el jefe de Estado.
Según Paz, algunos ministros también le comunicaron que recibieron amenazas contra sus familias. El mandatario relacionó estas intimidaciones con las acciones que desarrolla su administración contra personas investigadas por presuntos hechos de corrupción y otros delitos.
“Sé que estamos metiendo a la cárcel a los corruptos y a los ladrones, pero también sé que tenemos que invertir en el país”, manifestó.
El presidente aseguró que las amenazas no modificarán su posición y relató que incluso conversó con su esposa, María Elena Urquidi, y sus hijos sobre los riesgos que implica el ejercicio de la función pública.
“Yo ya le dije a mi mujer y a mis hijos, yo no le temo a la muerte por la patria”, expresó Paz.
Cambios en la Fiscalía
Las declaraciones del mandatario se producen en un contexto marcado por una profunda reconfiguración del Ministerio Público.
El exfiscal general del Estado Róger Mariaca fue aprehendido la pasada semana y posteriormente separado definitivamente del cargo. Actualmente cumple detención preventiva en el penal de Cantumarca, en Potosí, dentro de procesos en los que se investigan presuntos delitos de organización criminal, tráfico de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas.
En el marco de estas investigaciones también fueron enviados a distintos centros penitenciarios otros implicados, entre ellos el exfiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos, el fiscal superior Martín Irusta y el mayor de Policía Rubén Aparicio.
De acuerdo con los antecedentes del caso, varias personas fueron aprehendidas durante las investigaciones que se activaron en torno a la anterior gestión de la Fiscalía.
Tras la salida de Mariaca, la Asamblea Legislativa designó a José Armando Urioste Viera como fiscal general del Estado interino. La nueva autoridad asumió funciones con el compromiso de impulsar cambios dentro del Ministerio Público y recuperar la institucionalidad de la entidad.
Urioste, tras asumir el cargo, anunció una revisión de diferentes áreas de la Fiscalía y planteó una etapa de cambios orientada a fortalecer la transparencia y combatir posibles hechos de corrupción.
En este escenario, la denuncia de Paz sobre las amenazas añade un nuevo elemento al complejo momento que atraviesan las instituciones del Estado. Por ahora, corresponderá a las autoridades competentes determinar el origen de los mensajes, identificar a sus responsables y establecer si existe una relación directa con las recientes decisiones políticas y judiciales.
