El Ministerio de Defensa formalizó este jueves una querella penal ante la Fiscalía en contra de cuatro exministros de esa cartera de Estado y otras 15 personas. La acción legal se enmarca en la investigación por las severas anomalías detectadas en el Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (SIDACTA).
La nómina de exautoridades investigadas incluye a Reymi Ferreira Justiniano, Javier Zavaleta López, Luis Fernando López Julio y Edmundo Novillo Aguilar. La denuncia alcanza de forma paralela a exfuncionarios públicos, técnicos del área y a representantes legales de la empresa privada contratista.
El procurador general del Estado, Hugo César León La Faye, confirmó que la querella abarca los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Las evaluaciones técnicas preliminares fijan un daño patrimonial superior a los 1.478 millones de bolivianos.
“No se compraron radares aislados. Se contrató un proyecto llave en mano que debía entregarse plenamente operativo. No habrá encubrimiento ni condenas anticipadas; habrá investigación, debido proceso y defensa firme del patrimonio del Estado”, afirmó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda.
El proyecto fue suscrito originalmente en 2016 por un valor que superaba los 191 millones de euros bajo la modalidad de «llave en mano». La contratación contemplaba la instalación integral de radares civiles y militares, centros de mando, telecomunicaciones, software de rastreo y transferencia tecnológica.
Sin embargo, las auditorías técnicas revelaron que el contrato original sufrió siete modificaciones contractuales que ampliaron la ejecución de 31 a 82 meses. La entrega final se postergó por casi 98 meses, detectándose que 11 de los 13 radares registraban observaciones técnicas y dos no funcionaban.
Pese a los evidentes fallos de funcionamiento y a la falta de operatividad plena en el espacio aéreo, el proyecto fue reportado con un avance físico del 100% y una ejecución financiera del 97,85%. Las investigaciones determinarán la responsabilidad de los exministros en la firma de las respectivas adendas contractuales.
