El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, advirtió que, si los sindicados no comparecen ante las autoridades, se procederá conforme al procedimiento legal, incluida la declaratoria de rebeldía y la emisión de órdenes de aprehensión.
Por su parte, el presidente de la Sala Penal del TSJ, Carlos Ortega, informó que se emitieron instrucciones a los tribunales de justicia de Cochabamba y Chuquisaca para viabilizar las notificaciones correspondientes.
El caso se remonta al 16 de abril de 2009, cuando un operativo policial en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra, terminó con la muerte de Eduardo Rózsa-Flores, Árpád Magyarosi y Michael Martin Dwyer, quienes fueron señalados por el entonces Gobierno como integrantes de una supuesta organización terrorista y separatista.
La salida del país de García Linera añade un nuevo elemento político a un proceso judicial que vuelve a poner bajo escrutinio uno de los episodios más controvertidos del gobierno de Evo Morales.



