La abogada y excandidata a diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Nadia Beller Delgadillo, recibió asilo diplomático en la Embajada de México en Bolivia, mientras permanece pendiente la decisión del Gobierno nacional sobre la emisión de un salvoconducto que le permita abandonar el país.
La Cancillería boliviana confirmó oficialmente que recibió el 4 de noviembre de 2026 una comunicación de la Embajada de México, mediante la cual se informó sobre la concesión del asilo diplomático a Beller y se solicitó el correspondiente salvoconducto.
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que la solicitud se encuentra en evaluación por las instancias competentes del Estado boliviano, tomando en cuenta las disposiciones del ordenamiento jurídico nacional y las obligaciones internacionales aplicables.
La institución aclaró que, hasta la fecha del pronunciamiento, no se había adoptado una decisión ni emitido una respuesta formal sobre el pedido mexicano.
El caso adquiere especial relevancia debido a los antecedentes de Beller, quien sobrevivió a un atentado perpetrado el 17 de agosto en las afueras de un hotel de Santa Cruz. Después de ese hecho, las investigaciones derivaron en la detención del exasesor presidencial Fernando Sarimedo, quien fue aprehendido en el aeropuerto internacional de Viru Viru y posteriormente recluido en la cárcel de San Pedro.
Sarimedo enfrenta procesos por presuntos delitos de intento de feminicidio, violencia familiar y legitimación de ganancias ilícitas, además de una investigación por supuesta protección al narcotráfico.
Beller, quien tenía la condición de testigo protegida en estos casos, también denunció presuntos hechos de corrupción en los que habría estado involucrado Sarimedo y que, según sus declaraciones, alcanzaban a instancias del Gobierno boliviano.
Ahora, con el asilo diplomático concedido por México, la atención se concentra en la respuesta de las autoridades bolivianas y en la posibilidad de que se autorice el salvoconducto solicitado para garantizar su salida del territorio nacional.
El caso abre un nuevo escenario diplomático y judicial, mientras se aguarda una definición oficial del Gobierno sobre una solicitud que involucra la protección internacional de una persona vinculada a investigaciones de alto impacto.



