El presidente nato de la Asamblea Legislativa de Bolivia, David Choquehuanca, convocó para este martes a la décima novena sesión ordinaria legislativa, que se instalará a las 15:00 donde los presidentes de las cámaras de Diputados, Jerges Mercado y del senado, Andrónico Rodríguez, presentarán sus informes de gestión.

La Asamblea Legislativa Plurinacional clausurará su tercera gestión parlamentaria este 31 de octubre, en un año sancionó 43 leyes de las cuales 12 son de créditos internacionales y cinco de interés nacional. Entre ellos está la Ley del Oro y la Ley Transitoria para la Preselección de Candidatos al Órgano Judicial que, posteriormente, fue anulada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
De acuerdo a la revisión que realizó la ANF en la Gaceta Oficial del Estado, del total de las normas sancionadas por el Legislativo y después promulgadas por el Ejecutivo, 14 son de autorización para la transferencia de terrenos a diferentes instituciones y 12 son de declaratoria y definición de límites.
El presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, convocó para este martes a la décima novena sesión ordinaria legislativa, que se instalará a las 15:00 donde los presidentes de las cámaras de Diputados, Jerges Mercado y del senado, Andrónico Rodríguez, presentarán sus informes de gestión.
Al respecto, Mercado afirmó que en su gestión se aprobaron más normas a comparación de las anteriores, que son estratégicas para la pacificación y desarrollo del país. Dijo que se va con la satisfacción de haber cumplido la misión de trabajar en beneficio de la población.
“Hemos aprobado una ley que permitió la pacificación del país, cuando estaba secuestrado el departamento de Santa Cruz. Por lo tanto, si comparamos, hemos hecho más leyes este año que las dos anteriores gestiones y más importantes. Hay que reconocer la situación interna es compleja y eso nos ha evitado una mejor gestión”, puntualizó.
Sin embargo, su colega de Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar criticó la gestión parlamentaria, dijo que fue la más mediocre e intrascendente, ya que se empeñaron de subordinar al Legislativo ante el Gobierno.
“Concluye una de las legislaturas más intrascendentes y mediocres que se recuerde. Jerges Mercado se empeñó en subordinar la ALP al Órgano Ejecutivo y la mutiló en sus atribuciones de fiscalización y legislación. El MAS no quiere democracia, sólo le interesa el poder”, manifestó.
Las leyes
En medio de los conflictos en Santa Cruz y otras regiones del país, el 29 de noviembre de 2022 se sancionó la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos financiero y electoral. El 16 de diciembre, el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 fue aprobado y un día después promulgado por el presidente Luis Arce.
La otra norma de interés nacional y que generó cuestionamientos, el 5 de mayo del presente año se aprobó la Ley “Compra de Oro destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales”.
Luego de un mes se sancionó el proyecto de Ley 1513 Transitoria para garantizar la Preselección de Candidatos del Órgano Judicial. Sin embargo, el TCP emitió una sentencia anulando el reglamento y la convocatoria de las elecciones judiciales, además dejó sin efecto esa normativa. Los parlamentarios no se pusieron de acuerdo que permita viabilizar una salida, es una de las tareas pendientes para la siguiente legislatura, pese a que el mandato de las altas autoridades del órgano Judicial y Tribunal Constitucional se cumple el 31 de diciembre.
Los préstamos
En septiembre se aprobó el convenio financiero con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., por 12 millones de euros para el “Programa de Desarrollo del Turismo Cultural y Natural entre Cochabamba y Potosí”. En julio, se sancionó el proyecto de ley que autorizó el contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $us 45 millones para el “Programa de Construcción de Puentes y sus Accesos – Puentes de Integración”.
Ese mismo mes se aprobó el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el proyecto de “Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus II”, por $us 500 millones. En mayo, se aprobó el crédito con el EXIMBANK COREA por $us 78 millones destinado a la ampliación y equipamiento del Hospital de Tercer Nivel de Oruro.
En abril se autorizó el contrato de préstamo con el BID por un monto de $us 50 millones, para el “Programa de Conectividad Territorial y Desarrollo para Bolivia”. Ese mes, se aprobó un segundo crédito con la CAF de $us 30 millones destinado al “Programa Multisectorial de Preinversión II – PROMULPRE II”. Un tercer préstamo fue con la CAF por $us 80.925.650 para el asfaltado de la carretera La Joya-Chuquichambi-Totora y la construcción de puentes.
Un cuarto préstamo aporbado ese mes fue con la CAF destinado a la construcción de la carretera doble vía Oruro – Challapata, tramo I; Oruro – cruce Vinto – cruce Huanuni, por $us 58.400.000. En marzo, se aprobó el contrato con la Agencia Francesa de Desarrollo – AFD por 200 millones de euros para el “Programa de Apoyo a la Reactivación Económica Sostenible y a la Resiliencia al Cambio Climático en Bolivia”.
También se autorizó el prestamos con el BID por un monto de $us 60.200.000 de fortalecimiento al “Programa de Infraestructura Aérea – Etapa II”. En febrero, se sancionó el crédito por $us 300 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF del Banco Mundial, destinado al “Proyecto de Innovación para Sistemas Alimentarios Resiliente (Alianzas Rurales – PAR III)”.
Finalmente, en una sola ley se autorizaron dos créditos, el primero fue con el BID por $us 100 millones de financiamiento parcial del “Programa de Gestión Integral del Agua en Áreas Urbanas”. El segundo convenio fue con Instituto de Crédito Oficial, Entidad Pública Empresarial del Reino de España por $us 30 millones para ese mismo proyecto.
De acuerdo a los datos obtenidos por la ANF, con base en la Gaceta oficial el Legislativo sancionó en promedio 3,5 leyes. El mes de septiembre las actividades prácticamente se paralizaron en medio de las pugnas internas entre evistas y arcistas del Movimiento al Socialismo.
La suspensión de las facultades fiscalizadoras, específicamente de la interpelación a los ministros de Estado, también incidió en la toma de decisiones de las bancadas políticas que han determinado que no respaldarán los proyectos del Ejecutivo.
FUENTE: ANF




