Fecha: 23 de abril de 2024
El equipo jurídico del ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS) ha lanzado una enérgica solicitud al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que se apruebe exclusivamente la convocatoria al congreso del partido, previsto para el 10 de julio en Villa Tunari. La supervisión del cónclave sería solicitada 15 días antes de su realización, con el objetivo de evitar interferencias y manipulaciones.
Wilfredo Chávez, exprocurador y vocero del equipo jurídico evista, denunció en una conferencia de prensa conjunta con Gerardo García, vicepresidente del MAS, la existencia de lo que describió como una «operación política» dentro del TSE, liderada por Fernando Arteaga, secretario de Cámara del tribunal.
«Estamos frente a una operación política del tribunal electoral, a través de Fernando Arteaga, que en primera instancia intentó bloquear la supervisión del congreso. Hemos cumplido con la convocatoria, programada para el 10 de julio, y solicitaremos la supervisión 15 días antes para evitar cualquier manipulación por parte de funcionarios subalternos», afirmó Chávez.
El plazo dado por el TSE para la presentación de una convocatoria consensuada por las alas arcista y evista del MAS ha expirado sin un acuerdo unificado. Ambos grupos han ratificado sus pedidos por separado.
El ala evista ha decidido posponer su congreso, originalmente programado para el 10 de junio, hasta el 11 de julio en Villa Tunari. Además, ha solicitado una audiencia con la Sala Plena del TSE para discutir este requerimiento, argumentando que es idéntico al presentado en septiembre de 2023 para un evento en Lauca Ñ, el cual fue aprobado sin objeciones a pesar de la ausencia de firmas de dirigentes del Pacto de Unidad arcista, aspecto que ahora se exige.
Chávez ha acusado al TSE de basar sus observaciones en la «operación política» dirigida por Arteaga, quien, según afirmó, fue nombrado como autoridad electoral por la expresidenta Jeanine Áñez.
El equipo evista ha solicitado al TSE un informe sobre los aportes económicos al MAS por parte de dirigentes del Pacto de Unidad arcista, con el propósito de demostrar que estos representantes de organizaciones sociales no son miembros del partido y, por lo tanto, no deberían influir en el proceso interno del MAS.
