01 DE MAYO DE 2024
El martes pasado, líderes políticos expresaron su preocupación ante la anulación de las elecciones judiciales por parte de la Sala Constitucional Primera de Pando, señalando que esta medida busca mantener a los magistrados autoprorrogados para asegurar la estabilidad del gobierno frente a la falta de mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Evo Morales, a través de sus redes sociales, destacó que esta acción, coordinada con el Gobierno, representa una grave amenaza a la democracia. «La Asamblea Legislativa Plurinacional junto al pueblo debe defender a la Constitución», afirmó.
La acción popular fue presentada por una dirigente indígena y exdiputada del Movimiento Al Socialismo, quien, aunque no formaba parte del proceso electoral, denunció la «discriminación» hacia las mujeres indígenas de su región. En su demanda, citó el caso de la postulante inhabilitada Mineya Lucindo.
Yeny Dury Bautista, exdiputada suplente del MAS, también presentó una acción popular contra la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales, argumentando que vulneraba los derechos de las mujeres indígenas. Aunque no era candidata a las elecciones judiciales, utilizó el nombre de una postulante inhabilitada para sustentar su demanda.
Celsa Salazar Rodas, vocal de la Sala Constitucional Primera de Pando que anuló las elecciones judiciales, había sido candidata a diputada por el Movimiento Al Socialismo, lo que genera cuestionamientos sobre su imparcialidad.
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé explicó que la «acción popular» busca proteger intereses colectivos distintos a los relacionados con la elección judicial, cuestionando la competencia y los razonamientos de la sala.
Jorge Tuto Quiroga denunció la medida como parte de una descomposición institucional, afirmando que el gobierno de Arce busca mantener a los magistrados autoprorrogados para sostener su gobernabilidad.
El diputado Carlos Alarcón de Comunidad Ciudadana advirtió sobre el «quebrantamiento» del orden constitucional y democrático, acusando al gobierno de Arce de manipular el proceso para mantener a los magistrados autoprorrogados en sus cargos.
