8 de mayo de 2024
A partir de la entrada en vigor del Decreto Supremo 5143, se han establecido importantes modificaciones en el Registro de Derechos Reales, con plazos y requisitos claros para su implementación. La norma, que no afecta la Ley de Inscripción de Derechos Reales de 1887, fija un conjunto de disposiciones transitorias para llevar a cabo estos cambios.
Según lo estipulado en la primera disposición transitoria, el Consejo de la Magistratura tendrá un plazo máximo de treinta días para constituir la Instancia Competente Nacional del Registro de Derechos Reales, que deberá estar operativa para el 10 de mayo. Además, en un lapso de 60 días, se lanzará el Programa Nacional de Regularización del Derecho Propietario de Bienes Inmuebles del Estado.
Otro aspecto relevante es la elaboración de los reglamentos del Decreto Supremo, a cargo de la Instancia Competente Nacional, los cuales deberán ser aprobados en un máximo de ciento cincuenta días.
El cuarto plazo, de 180 días, contempla el inicio del proceso de institucionalización de cargos en el Registro de Derechos Reales, que se llevará a cabo mediante convocatorias públicas.
Un punto destacado del decreto es la exigencia de una fianza por parte de los registradores, operadores y auxiliares del Registro de Derechos Reales, la cual será devuelta tras dos años de servicio, siempre y cuando no existan responsabilidades administrativas. Esta medida, aunque no es novedosa, ha generado debate en el ámbito público.
Jorge Silva, viceministro de Defensa del Consumidor, enfatizó que el pago de la fianza no es nuevo y que responde a la naturaleza de los cargos de alta responsabilidad en el registro.
Por último, la normativa dispone que el Consejo de la Magistratura, en coordinación con la Agetic, implementará el Sistema Único del Registro de Derechos Reales, sin establecer un plazo específico para ello.
