La administración municipal de Viacha dio un nuevo paso en la revisión de posibles irregularidades cometidas durante la gestión anterior. Tras recibir 50 procesos administrativos, el Gobierno Autónomo Municipal realizó una evaluación técnica y jurídica para determinar cuáles de estos antecedentes podrían configurar presuntos hechos de corrupción o delitos.
Como resultado de este proceso, fueron priorizadas 23 carpetas que ahora fueron formalizadas ante el Ministerio Público para que sea esta instancia la encargada de investigar y establecer, si corresponde, responsabilidades penales.
Desde el municipio se explicó que la decisión de acudir a la vía penal se produce después de haber agotado la instancia administrativa correspondiente en los casos seleccionados.
La medida apunta a que las autoridades competentes determinen si existieron conductas irregulares, perjuicio económico u otros hechos que puedan constituir delitos cometidos por exservidores públicos durante la anterior administración.
Municipio anuncia que será parte del proceso
El Gobierno Municipal de Viacha anunció además que se constituirá en parte querellante dentro de los procesos, con el objetivo de realizar seguimiento a las investigaciones y coadyuvar con el esclarecimiento de los hechos denunciados.
La administración municipal remarcó que las denuncias no implican una condena contra los sindicados, por lo que corresponderá al Ministerio Público desarrollar las investigaciones y, posteriormente, a la autoridad judicial determinar la existencia o no de responsabilidades conforme a la legislación vigente.
El proceso se desarrolla bajo las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia, mientras las instituciones encargadas de la investigación deberán establecer qué ocurrió en cada uno de los casos observados.
La presentación de estas 23 denuncias abre ahora una nueva etapa: pasar de la revisión administrativa a la investigación penal de los hechos considerados más relevantes por el municipio.
La administración de Viacha sostiene que esta acción busca transparentar el manejo de los recursos y actuaciones públicas de gestiones anteriores y establecer responsabilidades allí donde correspondan.
La Fiscalía deberá determinar ahora si existen elementos suficientes para avanzar con las investigaciones y establecer, caso por caso, si hubo delitos y quiénes serían los responsables.
