PERIÓDICO CONTRAPARTE / El Alto, 9 de junio de 2026
La prolongación de las medidas de presión y los disturbios civiles en la urbe alteña ya pasaron factura física a la infraestructura pública del municipio. Al cumplirse la cuadragésima jornada de conflictos y cercos camineros a nivel nacional, el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) emitió un informe técnico preliminar en el que estima que los destrozos ocasionados por grupos de manifestantes al ornato urbano representan un daño económico que asciende a por lo menos Bs 2.000.000.
De acuerdo con el balance provisto por la Secretaría Municipal de Infraestructura Pública, la cuantificación real del impacto financiero se mantiene bajo un estatus de evaluación constante debido a que los bloqueadores persisten en varios puntos estratégicos de la jurisdicción, impidiendo el despliegue total de los peritos ediles. El titular de dicha repartición, Javier Coaquira, detalló que las afectaciones materiales identificadas hasta la fecha contemplan la degradación severa de la capa asfáltica en las avenidas troncales debido a la quema sistemática de neumáticos, el destrozo y hurto de las rejas de protección de las jardineras centrales, el corte deliberado de cables de servicios públicos y el desplazamiento forzoso de los pesados bloques separadores de hormigón tipo «New Jersey».
“La ciudad de El Alto está atravesando destrozos en el ornato público, las vías, las jardineras y se hace difícil hacer una cuantificación porque aún continuamos con este problema de los bloqueos. Sin embargo, hemos hecho una estimación y llegamos alrededor de Bs 2.000.000”, puntualizó de manera técnica el servidor público, lamentando el menoscabo a los bienes del Estado.
El mapeo logístico de la municipalidad determinó que las zonas que registran el mayor índice de vandalismo y afectación corresponden a los Distritos Municipales 7, 8 y 14, puntos neurálgicos de interconexión provincial y departamental que han concentrado los focos de mayor beligerancia. Ante este escenario, el GAMEA planifica una auditoría pormenorizada coordinada con cada subalcaldía para consolidar un inventario definitivo. Coaquira concluyó señalando que una vez que se levanten las movilizaciones y se restablezca la paz social, el municipio se verá obligado a reorientar sus partidas presupuestarias ordinarias para ejecutar los trabajos de restauración vial con recursos propios, restando liquidez a nuevos proyectos de inversión civil.
