La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) adelantó para este viernes 2 de octubre su Décima Octava Sesión Ordinaria, inicialmente convocada para el lunes, luego de la aprehensión del fiscal general del Estado, Roger Mariaca.
La convocatoria fue emitida por el presidente del Senado, Diego Ávila, quien ejerce de manera interina la Presidencia de la ALP debido a la ausencia del vicepresidente Edmand Lara, quien se encuentra en España. La sesión está fijada para las 09:30 en el Hemiciclo de la Asamblea.
El cambio de fecha responde, según el documento oficial, al “hecho extraordinario sobreviniente” relacionado con la aprehensión de Mariaca y a razones de “urgencia institucional, prioridad parlamentaria y economía procesal”.
La nueva agenda contempla dos puntos. El primero establece el conocimiento y consideración de los informes oficiales sobre la aprehensión del Fiscal General, además de los antecedentes institucionales, jurídicos y constitucionales vinculados al caso.
El segundo punto prevé que los legisladores consideren las acciones legislativas y de fiscalización que correspondan.
La sesión originalmente convocada para el 5 de octubre tenía como uno de sus temas el análisis de las restricciones de ingreso a Estados Unidos impuestas a funcionarios y exfuncionarios bolivianos. Con la reprogramación, el caso Mariaca pasa a ocupar el centro de la agenda legislativa.
Mariaca fue aprehendido la noche del miércoles en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, junto al fiscal departamental de ese departamento, Alberto Zeballos. El operativo se produjo mientras continúan investigaciones que involucran a funcionarios del Ministerio Público.
La aprehensión también generó cuestionamientos desde la propia Fiscalía, cuyos funcionarios denunciaron públicamente el procedimiento y calificaron el hecho como un “secuestro”. Paralelamente, el Gobierno informó que las investigaciones continúan y pidió profundizar las pesquisas.
Con la sesión adelantada, el Legislativo deberá conocer los informes oficiales disponibles y definir, dentro de sus atribuciones, las acciones de fiscalización y legislativas que correspondan frente a la situación generada en el Ministerio Público.
