Periódico Contraparte, 17 de octubre de 2024.

La expresidenta Jeanine Añez, el gobernador electo de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, y el exlíder cívico potosino Marco Antonio Pumari se encuentran desde primeras horas de la mañana en el Juzgado Sexto de Sentencia de La Paz para el inicio del juicio por el caso «Golpe I». El proceso, que comenzó a las 08:30, está relacionado con los sucesos tras la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019 y la posterior asunción de Añez como mandataria interina.
El comandante departamental de la Policía de La Paz, Gunter Agudo, confirmó el traslado de los implicados al tribunal, asegurando que se ha garantizado la seguridad de todos los que prestarán declaración. «Ya se ha trasladado a las personas y se garantiza su seguridad», afirmó Agudo a Bolivia TV.
Camacho fue trasladado desde el penal de Chonchocoro a las 05:00, llegando a la ciudad de La Paz minutos después. Añez, por su parte, fue movilizada desde el penal de Miraflores hacia el juzgado a las 06:00, marcando la primera vez que la exmandataria participa en una audiencia presencial desde su encarcelamiento. Al salir, Añez exclamó: «No fue golpe, sí fue fraude», antes de ser escoltada por la Policía. Pumari, quien también fue llevado desde el penal de San Pedro, había sido previamente trasladado desde la cárcel de Cantumarca en Potosí.
El juicio, que ha generado un fuerte interés mediático y social, comenzó tras una denuncia de la exdiputada del MAS Lidia Patty en 2020. Otros acusados en el proceso incluyen a exministros y comandantes de las fuerzas de seguridad, algunos de los cuales se encuentran fuera del país o en paradero desconocido.
Motivaciones y consecuencias
El caso «Golpe I» surge del conflicto político que siguió a la renuncia de Morales en 2019, con acusaciones de que la salida del entonces presidente fue producto de un golpe de Estado, mientras que Añez y sus seguidores sostienen que fue un acto legítimo ante el fraude electoral. El juicio tiene implicaciones profundas para el panorama político boliviano, ya que afecta a figuras claves de la oposición y plantea un precedente en la justicia relacionada con eventos de crisis política.
Advertencias y repercusiones
Las medidas de seguridad en torno al juicio han sido reforzadas. Agudo aseguró que se desplegó un contingente policial suficiente para proteger a todos los implicados, con anillos de seguridad internos y externos. En el lugar se vivieron momentos de tensión cuando seguidores de Añez y Camacho intercambiaron insultos con simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS), lo que llevó a la Policía a intervenir.
Además, legisladores de Creemos, como el senador Henry Montero, denunciaron que se les impidió el acceso al juzgado, lo que según ellos afecta la transparencia del proceso. “Se nos está coartando el derecho. Una audiencia que debería ser pública, pero no se nos permite ingresar, lo cual resta transparencia a este juicio», declaró Montero en declaraciones a Unitel.
Conclusión
El juicio del caso «Golpe I» es un evento crucial que marcará un antes y un después en la historia política reciente de Bolivia. Mientras el tribunal analiza las pruebas y testimonios, la tensión en las calles y dentro del sistema judicial sigue aumentando, con posibles repercusiones políticas a largo plazo.




