Periódico ContraParte, 9 de octubre de 2024
El Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, ha declarado la incautación de plantaciones ilegales y la expulsión de los invasores en la frontera con Bolivia. El conflicto surge luego de que se detectaran, mediante GPS, supuestas usurpaciones y desmontes en tierras argentinas, principalmente en el departamento de San Martín, Salta, por parte de productores bolivianos, quienes han sido acusados de ocupar ilegalmente alrededor de 2.500 hectáreas.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina, anunció en su cuenta de X el pasado domingo que se tomarán medidas severas para proteger el territorio argentino. «No vamos a permitir que extranjeros ocupen territorio argentino ilegalmente», expresó Bullrich, advirtiendo que no se permitirá el ingreso a aquellos que no cuenten con residencia legal en Argentina.
El área en conflicto se ubica en la frontera del río Grande de Tarija, donde la actividad ilegal ha sido atribuida a productores, en su mayoría tarijeños, quienes han desmontado grandes áreas de selva para la plantación de caña de azúcar. Horacio Cruz, un productor boliviano, ha sido señalado como uno de los líderes del grupo que habría llevado adelante estas actividades en territorio argentino.
Según Bullrich, la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) ya ha realizado inspecciones y delimitado la zona afectada utilizando tecnología GPS. Con la denuncia formalizada y la causa judicial en marcha, se espera que las autoridades procedan a la expulsión de los responsables y el desmantelamiento de las plantaciones ilegales.
La ministra también destacó que esta situación no solo afecta la soberanía argentina, sino que tiene un impacto negativo en los ecosistemas de la región. La deforestación de vastas áreas de selva ha generado preocupación entre grupos ambientalistas y expertos, quienes advierten sobre las graves consecuencias ecológicas a largo plazo.
Las acciones del Gobierno de Milei responden a una política más estricta en materia de seguridad fronteriza, que busca regular el control migratorio y proteger los recursos naturales del país. Las repercusiones de este conflicto fronterizo podrían aumentar las tensiones diplomáticas entre Argentina y Bolivia, mientras se espera la respuesta oficial del Gobierno boliviano.
Los ciudadanos de la zona y los productores legales han mostrado apoyo a las medidas del Gobierno argentino, aunque las autoridades aún no han determinado el plazo en que se realizarán las acciones de desalojo y control.
