El Gobierno de Chile expresó este miércoles su «profunda preocupación ante el despliegue de operaciones militares de gran escala en el Caribe», donde el mayor portaaviones de EE.UU. y del mundo, el USS Gerald R. Ford, se sumó en la víspera al resto de tropas del país norteamericano en la zona.
En un comunicado, en el cual no menciona ningún país, la Cancillería chilena rechazó «toda acción armada que ponga en riesgo la estabilidad y la paz» en la región latinoamericana.
Reafirmó su «compromiso con el derecho internacional, el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza, y el respeto a los derechos humanos como principios esenciales de la convivencia entre naciones».
Igualmente, Chile subrayó «la importancia de enfrentar de manera coordinada la amenaza del crimen organizado transnacional, fortaleciendo la cooperación y la acción conjunta en los distintos espacios multilaterales».
Por último, reiteró su «convicción de que América Latina y el Caribe deben mantenerse como una zona de paz«.
Agresiones de EE.UU.
Desde el pasado mes de agosto, EE.UU. ha desplegado frente a las costas de Venezuela buques de guerra, un submarino, aviones de combate y tropas, bajo el pretexto de luchar contra el narcotráfico.
A mediados de octubre, Trump admitió haber autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas en territorio venezolano. En respuesta, Maduro preguntó: «¿Alguien se puede creer que la CIA no está operando en Venezuela desde hace 60 años? ¿Alguien se puede creer que la CIA no ha conspirado desde hace 26 años contra el comandante [Hugo] Chávez y contra mí?».
Las acciones y presiones de Washington han sido calificadas por Caracas como una agresión, cuestionando la verdadera razón de los operativos.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó los bombardeos.
Los bombardeos contra lanchas de escaso calado también han sido repudiados por los Gobiernos de Colombia, México y Brasil, así como por expertos de las Naciones Unidas, que han señalado que se trata de «ejecuciones sumarias» contrarias a lo que consagra el derecho internacional.
