Periódico ContraParte, 20 de septiembre de 2024
Luego de la aprobación de dos proyectos de ley cruciales en la Cámara de Diputados, la Central Obrera Boliviana (COB) decidió levantar su vigilia permanente en la plaza Murillo y declarar un cuarto intermedio en sus medidas de presión. Estas leyes, que atienden demandas de los trabajadores, continuarán su curso en la Cámara de Senadores, marcando un hito en las luchas sindicales.
Durante una conferencia de prensa realizada esta mañana, Juan Carlos Huarachi, Secretario Ejecutivo de la COB, confirmó la decisión de suspender temporalmente la vigilia. “Vamos a hacer un cuarto intermedio porque la aprobación del proyecto da lugar a que ahora pase al Senado, respetando sus plazos correspondientes,” afirmó Huarachi.
En la sesión maratónica de ayer, la Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de ley claves. El primero, la Ley 035, modifica el régimen de pensiones, incrementando los límites de pagos solidarios para los jubilados. El segundo, la Ley 412, eleva a rango de ley el Decreto Supremo 4668, que resguarda derechos laborales adquiridos, un reclamo histórico del sector obrero.
Sin embargo, la Ley 035 no estuvo exenta de polémicas. En su versión original, contemplaba que trabajadores mayores de 65 años podrían ser sometidos a exámenes médicos para determinar su aptitud física y mental en caso de querer continuar trabajando, lo cual fue interpretado por varios sectores como una forma de jubilación forzosa. Esta disposición fue finalmente retirada del proyecto, tras la presión de médicos, docentes universitarios y otros colectivos.
El proyecto de Ley 412, por su parte, fue defendido por Huarachi, quien resaltó que protege «bonos y conquistas que han sido logrados por los trabajadores durante décadas, antes incluso del Decreto Supremo 21060».
Con la aprobación de estas leyes, la COB destaca la importancia de continuar el diálogo con las autoridades, mientras mantiene en pausa las medidas de presión. No obstante, las advertencias sobre posibles acciones futuras persisten en caso de que el Senado no respete el proceso. Las repercusiones podrían afectar tanto a la estabilidad social como a los sectores laborales si no se cumplen los compromisos asumidos.
