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Contrabando de GLP vacía el mercado interno y golpea a las familias bolivianas

Contrabando de GLP vacía el mercado interno y golpea a las familias bolivianas

La escasez de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que se registra en distintas regiones del país tiene un impacto directo en la economía y la vida cotidiana de las familias bolivianas, un problema que se ve agravado por el contrabando hacia países vecinos, donde el precio de la garrafa puede alcanzar hasta Bs 200, muy por encima de los Bs 22,50 que cuesta en el mercado nacional gracias a la subvención estatal.

El experto en hidrocarburos Raúl Velásquez advirtió que esta marcada diferencia de precios se ha convertido en el principal incentivo para el tráfico ilícito del producto, reduciendo la disponibilidad interna y generando filas, desabastecimiento y preocupación en los hogares. “La brecha de precios hace extremadamente atractivo sacar el GLP del país”, sostuvo.

A esta problemática se suma la caída de la producción de gas natural en un 52% durante los últimos 10 años, un factor estructural que limita la producción de GLP y que, según el analista, no podrá revertirse en el corto plazo. Esta situación coloca a Bolivia ante el riesgo de importar GLP desde 2025 o 2026, lo que implicaría una fuerte presión para las finanzas públicas si el Estado mantiene el esquema de subsidios.

Velásquez también señaló que, tras la eliminación de la subvención al diésel, parte de las redes de contrabando se reorientaron hacia el GLP, profundizando el problema. En ese contexto, planteó la necesidad de ajustes graduales al subsidio, acompañados de una focalización que garantice que el beneficio llegue a los sectores más vulnerables.

El especialista alertó que importar GLP a precios internacionales para venderlo a un valor subvencionado repetiría un modelo deficitario ya experimentado con otros combustibles, afectando seriamente la sostenibilidad económica del país.

Finalmente, remarcó que Bolivia enfrenta un desafío de fondo que va más allá del contrabando: la urgencia de una nueva política hidrocarburífera que incentive la exploración y la inversión, evitando que la escasez de energía continúe afectando al desarrollo económico y al bienestar de la población.

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