La detención de Jeanine Áñez –quien permaneció privada de libertad durante cuatro años y ocho meses entre prisión preventiva y cumplimiento de sentencia– se ha convertido en un símbolo polarizador de la política boliviana. Mientras el Movmiento al Socialismo (MAS) acusa a la exmandataria de haber liderado un ‘golpe de Estado’ en 2019, opositores señalan irregularidades procesales, detenciones arbitrarias y falta de seguridad jurídica.
La reciente resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anuló su sentencia por el denominado ‘Caso Golpe II’ ordenó su liberación inmediata reaviva el debate entre garantía de derechos y rendición de cuentas. El presidente de esa instancia judicial aseguró la pasada jornada que se tomó esa determinación, tras haber constatado que hubo vulneraciones al debido proceso y a sus garantías constitucionales.
Cabe recordar que el via crucis de Áñez empieza mucho antes, pero ella estaba lejos de pensar que un evento crucial para el país iba a confluir en su detención durante prácticamente cinco años. El 20 de octubre de 2019 se celebraron elecciones presidenciales en Bolivia que la Organización de Estados Americanos (OEA) declaró con irregularidades y ‘seriamente cuestionables’. A raíz de las protestas ciudadanas y motines policiales, el entonces presidente Evo Morales renunció y, en medio del vacío de poder, la hasta ese momento senadora asumió la Presidencia transitoria el 12 de noviembre de ese año.
Jeanine Áñez estuvo 361 días al frente de la nación. Foto: Correo del Sur
El 13 de marzo de 2021 la Fiscalía emitió orden de aprehensión contra Áñez. Inició así un periodo de detención preventiva que se extendió gracias a sucesivas prórrogas con el alegato de ‘riesgo de fuga’ y avances de la investigación. La exmandataria fue recluida en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Miraflores, donde tuvo varios episodios reñidos con los derechos humanos, tal cual fue denunciado por ella misma, su familia y su defensa por el trato irregular al que fue sometida, lo que provocó incluso que tome la decisión de declararse en huelga de hambre.
Un año y tres meses después, el 10 de junio de 2022, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz emitió sentencia condenatoria de diez años de cárcel por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, en lo que se conoció como el caso ‘Golpe de Estado II’. El proceso continuó por casi tres años debido a recursos presentados por sus abogados, hasta que el 5 de noviembre de 2025 el TSJ anuló la sentencia al considerar que hubo vulneraciones al debido proceso, ordenó su liberación inmediata y remitió el caso a la vía del juicio de responsabilidades.
