La Defensoría del Pueblo informó que el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha incumplió sus funciones de control y vigilancia ambiental, al demorar en denunciar actividades de minería ilegal que se desarrollaban en su jurisdicción.
“De acuerdo con la Ley 1333 y sus reglamentos de gestión, prevención y control ambiental, los municipios son la primera instancia para alertar sobre hechos que ocurren en su territorio. En el caso de Viacha, hubo una demora en la presentación de los informes ante el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, lo que afectó la celeridad de las acciones”, señala el pronunciamiento defensorial.
La institución recordó que, además de la vigilancia ambiental, los gobiernos municipales tienen competencias en la emisión de licencias de funcionamiento, las cuales deberían incluir requisitos específicos para este tipo de actividades, aspecto que no fue exigido en el municipio de Viacha.
Asimismo, la Defensoría cuestionó la falta de claridad normativa entre autoridades municipales, departamentales y nacionales, que provocó reuniones prolongadas sin resultados concretos. “Esa indefinición legal y la rotación de funcionarios han generado retrasos que no corresponden a la urgencia del problema”, agregó la institución.
La Defensoría del Pueblo reiteró la necesidad de precisar las competencias ambientales y mineras en la normativa vigente, para evitar vacíos que limiten la acción de las autoridades y dejen desprotegido el medioambiente y a las comunidades afectadas.
