PERIÓDICO CONTRAPARTE / La Paz, 5 de junio de 2026

El debate normativo respecto a las sanciones contra las movilizaciones civiles ingresó a un nuevo escenario en el Órgano Legislativo. El diputado Manolo Rojas presentó de manera oficial un proyecto de ley que propone la aplicación de medidas cautelares de carácter real, tales como el congelamiento de cuentas bancarias, la anotación preventiva de bienes inmuebles y la retención del patrimonio de dirigentes y organizadores de protestas que deriven en la destrucción de carreteras, infraestructura pública o bienes pertenecientes al Estado.

La propuesta jurídica se exterioriza en el marco de la trigésimo sexta jornada consecutiva de bloqueos que asfixian las redes viales fundamentales del territorio nacional. La particularidad técnica de la iniciativa radica en la extensión de la responsabilidad civil; el documento estipula que las sanciones económicas no se limitarán exclusivamente a quienes ejecuten los daños materiales de forma directa en los puntos de conflicto, sino que alcanzará solidariamente a los líderes de opinión, instigadores y directivos de las organizaciones sociales que hubieran convocado o manifestado su respaldo público a los cercos logísticos.

En el orden del procedimiento administrativo, el proyecto faculta la ejecución de acciones inmediatas de resguardo financiero. Esto contempla la inmovilización de fondos en el sistema bancario nacional, el secuestro de vehículos motorizados y el embargo preventivo de propiedades territoriales, mecanismos diseñados con el fin específico de garantizar los recursos necesarios para la reparación del patrimonio estatal dañado antes de que se emita una sentencia ejecutoriada.

Los sectores que respaldan la propuesta del diputado Rojas argumentaron que la legislación es indispensable para proteger el erario nacional, evitando que los gastos de reconstrucción y mantenimiento vial sean financiados por el conjunto de los contribuyentes bolivianos. En contrapartida, las facciones críticas y observadores de derechos humanos advirtieron que la aprobación de este marco normativo sentaría un precedente de alta discrecionalidad, pudiendo instrumentalizarse como un mecanismo de persecución judicial y amedrentamiento económico orientado a criminalizar el derecho a la protesta social y la libertad de asociación gremial.