El diputado Alejandro Reyes, de la alianza Unidad, informó que el proyecto de ley antibloqueos establece penas que van de tres a veinte años de reclusión para quienes participen o promuevan este tipo de medidas de presión cuando generen daños económicos o deriven en hechos de violencia.

Según explicó el legislador, la iniciativa contempla distintos niveles de responsabilidad. Los bloqueadores enfrentarían sanciones de tres a seis años de cárcel, mientras que los llamados “autores intelectuales” podrían recibir condenas de hasta diez años. En los casos más graves, cuando los hechos de violencia provoquen víctimas fatales, la pena ascendería hasta 20 años de reclusión.

Reyes sostuvo que la propuesta busca frenar prácticas que —según su criterio— afectan de manera directa a la economía y a la vida de los ciudadanos. “No se trata solo de protestas, sino de acciones que pueden causar daños irreparables”, afirmó al explicar el alcance de la norma.

El diputado también anunció que la Bancada de Unidad priorizará el tratamiento del proyecto durante la primera semana de la reanudación del trabajo legislativo, aunque aclaró que la propuesta permanece abierta a modificaciones. “Estamos dispuestos a escuchar sugerencias y construir consensos sobre el contenido de la ley”, señaló.

El proyecto, sin embargo, anticipa un debate intenso en la Asamblea Legislativa, donde sectores sociales y políticos han advertido que una norma de este tipo podría chocar con el derecho a la protesta, consagrado en la Constitución. En ese escenario, el tratamiento de la ley antibloqueos se perfila como uno de los temas centrales de la agenda parlamentaria en la próxima gestión.