El alcalde de La Paz, César Dockweiler, cuestionó que el incremento del precio del diésel sea utilizado como argumento para justificar una subida directa de las tarifas del transporte público paceño. Según la autoridad municipal, la mayor parte del transporte urbano de la ciudad opera con gasolina y gas vehicular, por lo que considera que el impacto debe analizarse antes de trasladarlo a los usuarios.
Dockweiler señaló que el incremento dispuesto mediante el Decreto Supremo 5716 sí tendrá efectos importantes sobre las operaciones del Gobierno Municipal de La Paz, debido al uso de diésel en diferentes servicios.
Entre ellos mencionó el sistema de transporte municipal Pumakatari, la maquinaria pesada, el recojo de residuos sólidos, la atención de emergencias y riesgos y las labores relacionadas con el relleno sanitario.
La autoridad estimó que el municipio necesitará aproximadamente Bs 45 millones adicionales hasta fin de año para cubrir el aumento de los costos de operación derivados del nuevo precio del combustible.
Pumakatari tendría un impacto millonario
Uno de los servicios municipales que sentiría con mayor fuerza el incremento sería el Pumakatari. De acuerdo con la estimación presentada por Dockweiler, el sistema requeriría entre Bs 15 millones y Bs 18 millones adicionales para mantener su funcionamiento hasta finalizar la gestión.
El alcalde planteó que esos recursos deberán ser gestionados para evitar que el incremento del combustible termine afectando la prestación de servicios a la población
Ante este escenario, Dockweiler informó que envió una nueva solicitud al presidente Rodrigo Paz para concretar una reunión con los alcaldes del departamento de La Paz.
La autoridad recordó que los gobiernos municipales ya habían solicitado anteriormente un encuentro con el Ejecutivo y sostuvo que el incremento de los costos hace necesario abordar el impacto de la medida de manera conjunta.
Respecto al aumento de precios de productos y servicios, el alcalde pidió diferenciar el efecto real de los costos de transporte y producción de posibles incrementos que no tengan una justificación económica.
También sostuvo que cualquier discusión sobre las tarifas del transporte público debería desarrollarse mediante un diálogo entre transportistas, autoridades y usuarios, con el objetivo de evitar que todo el impacto económico sea trasladado a la población.
