El vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara Montaño, fijó este jueves su posición respecto a la aprehensión del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballo, en medio de los operativos ejecutados durante las últimas horas.
A través de un comunicado denominado “Pronunciamiento institucional”, Lara afirmó que la Constitución y las leyes deben cumplirse “sin excepciones” y sostuvo que, ante el impedimento temporal del fiscal general, corresponde aplicar la prelación establecida en el artículo 25 de la Ley 260 del Ministerio Público, con el objetivo de garantizar la continuidad institucional y la suplencia legal.
Lara pide que las aprehensiones sean sometidas a control judicial
Respecto a la situación de Mariaca y Zeballo, el vicepresidente señaló que cualquier actuación debe ser sometida al control de la autoridad judicial competente.
Lara planteó que, si existen pruebas contra los investigados, corresponde que sean investigados y procesados conforme a ley. Sin embargo, advirtió que, si no existen elementos suficientes, se vulneró el debido proceso o las aprehensiones fueron ilegales, debería disponerse su libertad y establecerse responsabilidades contra quienes hubieran actuado al margen de la normativa.
El pronunciamiento también hace referencia a los allanamientos y procedimientos de aprehensión, señalando que deben cumplir las formalidades constitucionales y legales y que las restricciones a la libertad deben contar con fundamento jurídico.
“Investigación sí. Corrupción no. Impunidad no. Pero tampoco arbitrariedad”
En la parte central de su comunicado, Lara sostuvo que la Asamblea Legislativa no encubrirá a ninguna persona, pero tampoco permitirá que alguien sea perseguido o condenado sin pruebas y sin el debido proceso.
“Investigación sí. Corrupción no. Impunidad no. Pero tampoco arbitrariedad”, señala el documento difundido por la Vicepresidencia.
El vicepresidente cerró su pronunciamiento afirmando que la justicia debe actuar con firmeza, pero dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes.
La posición de Lara se conoce después de que el Gobierno confirmara la aprehensión de 14 personas, entre ellas Roger Mariaca, y denunciara la existencia de una presunta estructura criminal vinculada al Ministerio Público. Estas acusaciones deberán ser esclarecidas dentro de las investigaciones y mediante las instancias judiciales correspondientes.
