El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes la revocación de la visa del fiscal general del Estado de Bolivia, Roger Mariaca, y lo señaló públicamente por presuntos actos de corrupción relacionados con el narcotráfico.
De acuerdo con el Departamento de Estado estadounidense, Mariaca habría utilizado su posición pública para solicitar y aceptar sobornos con el propósito de facilitar actividades de narcotráfico y ayudar a personas vinculadas con delitos violentos a evadir la justicia.
Washington sostiene además que las acciones que atribuye al fiscal general ponen en riesgo los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump en la lucha contra el narcoterrorismo y afectan a las instituciones democráticas que Bolivia busca fortalecer como participante de la iniciativa denominada “Escudo de las Américas”.
Las acusaciones fueron difundidas por el Departamento de Estado como parte de una nueva política de restricciones de visas dirigida contra ciudadanos extranjeros a quienes Estados Unidos acusa de socavar gobiernos democráticamente elegidos mediante corrupción, narcotráfico u otras actividades que, según Washington, afectan la seguridad y el Estado de derecho.
Mariaca y sus familiares quedan alcanzados por la medida
La decisión estadounidense no se limita al fiscal general. Según el anuncio, Mariaca y sus familiares inmediatos quedan impedidos de ingresar a Estados Unidos bajo la medida anunciada por Washington.
Mariaca fue elegido fiscal general del Estado en 2024 para un periodo de seis años. La acusación divulgada por Estados Unidos se refiere a presuntos abusos de su cargo y aceptación de sobornos, pero el anuncio de restricción migratoria no equivale por sí mismo a una sentencia judicial en Bolivia.
Otros bolivianos también fueron sancionados
La decisión estadounidense incluye además a otros ciudadanos bolivianos. El Departamento de Estado informó que 12 personas que contaban con visas estadounidenses fueron objeto de revocación, mientras que otras nueve personas que actualmente no tienen visa quedaron declaradas inelegibles para obtenerla en caso de solicitarla.
Entre los nombres mencionados figuran el exministro de Justicia Iván Lima, magistrados, fiscales, un exejecutivo de la Aduana Nacional y un oficial de la Policía Boliviana.
La medida también alcanza a familiares de algunos de los afectados y forma parte de una acción más amplia de Washington que involucra a ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En total, la administración estadounidense informó restricciones contra 27 funcionarios, exfuncionarios y familiares en esos países.
Washington vincula las restricciones con la lucha contra el narcotráfico
El Departamento de Estado justificó las medidas señalando que la corrupción y el narcotráfico pueden debilitar las instituciones estatales y obstaculizar las acciones de gobiernos democráticamente elegidos.
La administración Trump presentó las restricciones como parte de su estrategia regional para combatir el narcotráfico, el narcoterrorismo y otras actividades ilícitas, en coordinación con países que participan en la iniciativa “Escudo de las Américas”.
En el caso de Mariaca, Estados Unidos fue más específico y lo vinculó directamente con presuntos sobornos destinados a facilitar el narcotráfico y con la supuesta ayuda a delincuentes violentos para evitar la acción de la justicia.
¿Qué implica la medida?
La revocación de una visa estadounidense significa que la persona afectada ya no puede utilizar ese documento para ingresar a Estados Unidos. En el caso de quienes no tenían una visa vigente, la declaración de inelegibilidad implica que no podrán obtenerla mientras se mantenga la restricción.
El Departamento de Estado cuenta con facultades para revocar visas y aplicar restricciones de ingreso dentro del marco de la legislación migratoria estadounidense.
La base legal citada para este tipo de restricciones incluye disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, utilizadas por Washington cuando considera que determinadas actividades pueden tener consecuencias graves para su política exterior.
La decisión abre ahora un nuevo frente en las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos, mientras el Gobierno estadounidense intensifica su política contra funcionarios latinoamericanos a los que acusa de corrupción, narcotráfico o de obstaculizar a gobiernos elegidos democráticamente.
Por el momento, las acusaciones contra Mariaca corresponden a la posición oficial expresada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y no deben confundirse con una condena judicial en Bolivia.
