PERIÓDICO CONTRAPARTE / La Paz, 2 de junio de 2026

El panorama de conflictividad social que atraviesa el país tiende a profundizarse tras las últimas determinaciones asumidas por el sector del autotransporte organizado. La Federación Departamental de Choferes Primero de Mayo de La Paz resolvió este martes ingresar a un paro movilizado de carácter indefinido a partir del próximo lunes 8 de junio, incorporando como exigencia central de su plataforma la dimisión del presidente del Estado, Rodrigo Paz.

La resolución fue oficializada por el secretario ejecutivo de la organización departamental, Edson Valdez, tras la conclusión de un ampliado de emergencia desarrollado en horas de la tarde. El representante gremial manifestó que las bases tomaron la decisión debido a la falta de respuestas gubernamentales ante dos problemáticas críticas: el desabastecimiento crónico de hidrocarburos en los surtidores y la ausencia de un resarcimiento económico efectivo por las averías mecánicas que ocasionó la distribución de gasolina de baja calidad.

Valdez detalló a los medios de comunicación que la medida implicará protestas callejeras diarias en la sede de gobierno y justificó la radicalidad de la postura señalando un fuerte impacto en la economía popular. “Hasta ahora no hace nada por darnos combustibles (…) y el tema de la canasta familiar se ha incrementado un 300%”, aseveró de forma textual el dirigente local.

Esta determinación del transporte paceño coincide y refuerza el ultimátum emitido horas antes por la Confederación de Choferes de Bolivia. La entidad matriz nacional, liderada por Lucio Gómez, otorgó un plazo perentorio de 48 horas a la administración de Rodrigo Paz para destrabar los bloqueos de carreteras que paralizan el comercio interno desde inicios de mayo, advirtiendo que las futuras acciones de protesta no se realizarán de manera aislada por sindicatos, sino bajo un bloque unificado de todo el transporte boliviano.

Con la incorporación de los choferes federados a las protestas que comanda la Central Obrera Boliviana (COB), que este martes cumplió 33 días de huelga general e interrupción de rutas, el escenario político y logístico del país ingresa a una fase de mayor complejidad, alejando de momento las expectativas de pacificación vial.