El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, confirmó que Evo Morales fue notificado con la resolución judicial que impide la realización de bloqueos o movilizaciones. En respuesta, la Policía Boliviana ha recibido instrucciones precisas para resguardar la libre circulación de los ciudadanos en todo el país. Asimismo, Ríos instó a los sectores afines a Morales a reconsiderar la marcha que está prevista para los próximos días.

«Como institución, hemos dispuesto las medidas necesarias para garantizar el derecho al libre tránsito, así como los derechos fundamentales al trabajo y la salud», señaló Ríos.

El viceministro expresó su preocupación por las repercusiones económicas y sociales de este tipo de medidas, que no solo afectan al turismo, sino también a los esfuerzos del gobierno en la lucha contra los incendios forestales, y perjudican a aquellos que dependen de sus actividades diarias para subsistir.

Ríos criticó la movilización convocada por Morales, argumentando que ya no responde a reivindicaciones sociales como en el pasado, sino que tiene un trasfondo personal: el retorno de Morales a la presidencia.

La prohibición de la marcha fue emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en respuesta a los bloqueos liderados por el ala «evista» del MAS a comienzos de año. No obstante, Morales insiste en avanzar con la movilización desde Caracollo hasta La Paz el 17 de septiembre, en oposición al referéndum impulsado por el Ejecutivo.

De manera paralela, David Mamani Quispe, líder campesino en La Paz, convocó a un bloqueo general desde el 16 de septiembre, exigiendo la renuncia del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.