PERIÓDICO CONTRAPARTE / Bolivia, 2 de junio de 2026

El territorio nacional ingresó a su trigésimo tercer día consecutivo de conflictos sociales con un incremento en las restricciones de transitabilidad vial. Los reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) correspondientes a la jornada de este martes dan cuenta de la existencia de 90 puntos de bloqueo distribuidos en las principales redes de conexión del país, impidiendo el paso regular de motorizados.

La configuración del mapa de transitabilidad muestra que la afectación llegó a siete departamentos, siendo el eje cochabambino el que concentra la mayor cantidad de perjuicios con 32 cortes de ruta. El panorama se replica con intensidad en el departamento de La Paz que registra 19 puntos cerrados, seguido por Potosí con 13, Oruro con 12 y Chuquisaca con 10 interrupciones. En menor proporción, pero sumándose a la medida de presión, aparecen Santa Cruz con dos cercos y Pando que incorporó otros dos puntos de conflicto.

El origen de estas determinaciones camineras proviene fundamentalmente de organizaciones del agro y de afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB). Estas agrupaciones mantienen inalterable su postura de radicalización y exigen como demanda principal la dimisión del presidente del Estado, Rodrigo Paz.

En contraposición a la parálisis en el occidente, la región oriental registró acercamientos parciales entre la noche del lunes y las primeras horas del martes. Representantes de la administración central y de la Gobernación de Santa Cruz lograron suscribir actas de entendimiento con dos de las tres agrupaciones que mantenían bloqueada la zona de San Julián. Sin embargo, la facción de los Interculturales Norte no participó de la convocatoria al diálogo, razón por la cual el tramo que vincula al departamento cruceño con el Beni se mantiene intransitable.

Las autoridades gubernamentales y subnacionales mantienen la expectativa de consolidar de forma plena el pacto con los movilizados de San Julián. De materializarse este acuerdo, se prevé la inmediata habilitación de un corredor de asistencia humanitaria, mecanismo logístico considerado clave para permitir el ingreso de insumos médicos, alimentos de primera necesidad y otros aprovisionamientos hacia La Paz y El Alto, urbes que figuran como las más golpeadas por el desabastecimiento derivado de los conflictos.