Periódico Contraparte 16 de febrero 2025
Varios concejales han levantado la voz para denunciar un caso flagrante de corrupción: el pago de una obra que nunca se ejecutó. Mientras la ciudadanía espera respuestas, seis concejales—Fredy Romero, Ariel Poma, María Condori, Martín Machicado, Sonia Zenteno y Sandra Calle—han optado por el silencio, una actitud que muchos interpretan como complicidad. ¿Por qué callan quienes juraron ser los guardianes de los recursos públicos? La pregunta resuena en cada rincón del municipio, mientras el clamor por justicia crece.
Los concejales denunciantes, han recordado a sus colegas que su deber no es solo fiscalizar, sino también denunciar cualquier acto de corrupción, sin importar quién esté involucrado. «La ley es clara: si conoces un acto de corrupción, tienes la obligación de denunciar. Así sea un amigo, un hermano, un cuñado o incluso mi padre, yo tengo que denunciar», declaró con firmeza Alfonso Gutiérrez, citando tanto la Constitución Política del Estado como el reglamento del Consejo Municipal.
Pero no todos parecen dispuestos a asumir esa responsabilidad. La falta de adhesión a la denuncia por parte de los seis concejales mencionados ha generado un clima de desconfianza entre los ciudadanos, quienes exigen explicaciones. «Ellos tendrán sus razones y darán en su momento su versión», señaló el abogado y representante de los concejales denunciantes Miguel Chávez, aunque advirtió que omitir sus responsabilidades podría acarrear acciones judiciales en su contra.
Mientras tanto, desde el Consejo Municipal se han enviado notas solicitando una reunión urgente con el viceministerio de Transparencia y el ministro de Justicia. Sin embargo, hasta ahora, estas autoridades no han respondido, lo que ha aumentado la frustración de quienes esperan que el caso no quede en la impunidad.
Este escándalo no solo pone en evidencia la posible malversación de fondos públicos, sino también la fragilidad de un sistema que depende de la integridad de sus representantes. Los ciudadanos, que confiaron en sus concejales para proteger sus intereses, ahora se preguntan si su voto fue bien empleado. La advertencia es clara: quienes callan ante la corrupción no solo traicionan a la sociedad, sino que también se exponen a las consecuencias legales que su inacción podría desencadenar.
