Periódico Contraparte, 17 de octubre de 2024.

Las elecciones judiciales en Bolivia, programadas para el 1 de diciembre, se encuentran en una situación crítica debido a una serie de decisiones contradictorias emitidas por diversas salas constitucionales. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) devolvió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) las listas de postulantes, lo que, según el vocal electoral Tahuichi Tahuichi, ha dejado el proceso «casi paralizado».
La devolución de las listas, realizada el miércoles a las 09:23, fue consecuencia de la decisión de la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de Beni, que declaró desierta la convocatoria para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). De manera similar, la Sala Constitucional de Pando adoptó una postura en contra de la elección de magistrados para el TSJ. Esta situación ha generado un «enredo total», según Tahuichi, quien señaló que los comicios están en suspenso debido a la confusión creada por los diferentes amparos presentados ante las instancias judiciales.
«Todo esto debe ser resuelto por la Asamblea Legislativa. Nosotros hemos cumplido con devolver las listas, y ahora la Asamblea debe responder a lo dispuesto por el juez de la Sala Constitucional de Beni», declaró Tahuichi. «Estamos en una incertidumbre total, y las elecciones judiciales están cuasi paralizadas porque no tenemos las listas oficiales; las tiene la Asamblea», añadió en contacto con Brújula Digital.
El caos se intensificó con una acción de cumplimiento presentada por Esteban Alavi, dirigente intercultural, ante la Sala Constitucional Tercera de El Alto, la cual ordenó al TSE continuar con el proceso electoral. No obstante, dicha medida cautelar solo es válida hasta que se celebre una audiencia, prevista para esta tarde a las 16:00.
Motivaciones y consecuencias
Las motivaciones detrás de estos fallos radican en las observaciones hechas a las listas de candidatos, lo que ha derivado en una serie de amparos judiciales. Tahuichi advirtió sobre las consecuencias de una posible paralización definitiva de las elecciones. «Habría un daño económico al Estado, que ya ha destinado 50 millones de bolivianos para estos comicios», alertó, añadiendo que también se sentaría un precedente de inseguridad jurídica para futuros procesos electorales en el país.
Además, subrayó que si el Tribunal Constitucional Plurinacional no emite una resolución clara en los próximos 45 días, la situación se tornará más caótica, ya que las resoluciones de Beni y El Alto deberán ser revisadas por el TCP. Este órgano tiene la última palabra en la disputa, lo que podría prolongar la incertidumbre.
Advertencias y repercusiones
El vocal electoral también señaló que la situación actual viola el principio de preclusión que rige los procesos electorales en Bolivia. «Si las elecciones se paralizan definitivamente, no solo habrá un daño económico, sino también un golpe a la institucionalidad democrática del país», afirmó Tahuichi.
Con el proceso en el aire, los expertos advierten que las repercusiones podrían ser graves, tanto a nivel económico como institucional, afectando la confianza en los futuros comicios y en la administración de justicia en Bolivia.
Conclusión
La parálisis del proceso electoral judicial en Bolivia representa un desafío significativo para la estabilidad democrática del país. Mientras el TSE espera la resolución del Tribunal Constitucional, la incertidumbre y las posibles consecuencias económicas y políticas siguen en aumento. El futuro de estas elecciones dependerá de cómo se resuelvan los fallos contradictorios y de la capacidad de las instituciones para retomar el control del proceso.




