Periódico ContraParte, 3 de agosto de 2024.

El ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS) ha expresado su preocupación ante el reciente trámite de extradición del exjefe antidrogas Maximiliano Dávila a Estados Unidos, alegando que el Gobierno de Luis Arce está utilizando este proceso con fines políticos para atacar al expresidente Evo Morales. El equipo jurídico evista, liderado por el exprocurador Wilfredo Chávez, ha señalado que detrás de esta medida se encuentra una intención de dañar la imagen de Morales, sugiriendo que el Ejecutivo boliviano está actuando en connivencia con la embajada estadounidense.

Este viernes, se conoció que la Cancillería boliviana respondió a un requerimiento de una corte estadounidense, solicitando al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia que atienda la solicitud de detención preventiva con fines de extradición para Maximiliano Dávila, quien fue director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) y se encuentra recluido en el penal de San Pedro desde 2022.

Wilfredo Chávez criticó duramente la actuación del Gobierno, calificándola de «ovejuna» y asegurando que esta acción busca dañar políticamente a Morales, sin considerar la falta de reciprocidad en la aplicación del Tratado de Extradición con Estados Unidos. «Nuestra soberanía no es respetada mientras Estados Unidos no cumple con el Tratado de Extradición y no trae a Gonzalo Sánchez de Lozada ni a Carlos Sánchez Berzaín, responsables de las muertes de 2003», afirmó Chávez.

El abogado también subrayó que, a pesar de que Dávila fue detenido hace más de dos años, no se han encontrado pruebas que lo vinculen directamente con Morales. Según Chávez, la insistencia en el proceso de extradición es un «ataque político» que busca posicionar una narrativa en los medios para perjudicar al exmandatario.

Además, Chávez advirtió que esta acción forma parte de una «escala de ataques jurídicos de carácter internacional político» contra Morales, haciendo referencia a un reciente proceso judicial por el caso Hotel Las Américas, donde se denuncian ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos durante el gobierno de Morales, en relación con un grupo presuntamente terrorista liderado por Eduardo Rózsa.

La situación ha generado tensiones en el entorno político boliviano, con acusaciones de persecución y manipulación judicial en un contexto de crecientes divisiones internas dentro del MAS.