Periódico Contraparte, 4 de octubre de 2024

El equipo legal del expresidente Evo Morales, conformado por Wilfredo Chávez y Cecilia Urquieta, entre otros abogados afines al ala evista del MAS, denunció este jueves que el juicio por estupro y trata de personas contra Morales es parte de una “persecución política”. A pesar de la contundencia de sus afirmaciones, evitaron hablar del certificado de nacimiento de una niña, presentado como prueba del delito, que demostraría que la madre dio a luz cuando tenía solo 16 años.

Durante una conferencia de prensa, los abogados argumentaron que el proceso judicial es una maniobra para debilitar a Morales tras la “marcha para salvar Bolivia”, encabezada recientemente por el exmandatario. “Este proceso es parte de una persecución política. Si no hay denuncia de la víctima, el Ministerio Público no puede actuar de oficio. Aquí no hay denuncia, entonces, ¿por qué intervienen?”, cuestionó Wilfredo Chávez, exprocurador del Estado.

El caso fue revelado el miércoles por la exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, quien informó que el Ministerio Público abrió un proceso contra Morales por haber sostenido, en 2016, una relación con una menor de 15 años que resultó en un embarazo. Según la denuncia, Morales sería el padre, lo que habría sido confirmado por el certificado de nacimiento.

Sin embargo, al ser consultados sobre esta prueba clave, los abogados evistas evitaron entrar en detalles. “No tenemos absolutamente nada que decir respecto al certificado de nacimiento, ya que no es parte de la investigación”, afirmó Chávez, respaldándose en las declaraciones del presidente Luis Arce, quien solicitó la reserva del caso para evitar su politización.

A pesar de las acusaciones de persecución, el silencio en torno al certificado de nacimiento ha generado críticas de sectores opositores, quienes consideran este documento una prueba contundente de los delitos que se le imputan a Morales. Los juristas también denunciaron un supuesto despliegue policial y militar en el trópico de Cochabamba, en lo que consideran un intento de intimidación tanto a Morales como a los líderes del Pacto de Unidad.

Mientras el proceso sigue su curso, la presión sobre el sistema judicial y el Gobierno aumenta, dejando abierta la pregunta de si las pruebas presentadas serán suficientes para proceder contra el expresidente, o si, como afirman sus abogados, todo se trata de un esfuerzo por minar su influencia política.